La confirmación del Gabinete de Seguridad sobre el envío de 26 integrantes de distintas organizaciones criminales puso en la mira a uno de los capos más discretos y poderosos de México: Abigael González Valencia, alias El Cuini.
Considerado el líder de la célula conocida como Los Cuinis y pieza clave en la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el michoacano compareció el 13 de agosto ante la Corte Federal de Washington, donde se declaró inocente de tres cargos que enfrenta.
Según la acusación formal, El Cuini habría supervisado operaciones internacionales de tráfico de metanfetamina y cocaína, además de presunta participación en actividades de delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego.
La sombra financiera del CJNG estuvo bajo la mira de EEUU desde hace más de una década
Estados Unidos colocó a Abigael González Valencia en su lista de objetivos prioritarios desde 2015, año en que fue capturado en Puerto Vallarta, Jalisco, e inició una batalla legal para impedir su extradición. No obstante, los registros oficiales muestran que la vigilancia de las autoridades estadounidenses se remonta a 2007, cuando la DEA comenzó a seguir de cerca sus movimientos junto a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La oficina de la DEA en Los Ángeles encabezó las investigaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y descubrió que esta organización “desarrolló alianzas criminales con organizaciones delictivas alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Latinoamérica, África, Europa y Asia”, de acuerdo con un análisis difundido por el Departamento del Tesoro en abril de 2015.
Según el mismo organismo, el CJNG y Los Cuinis movieron grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia México para después introducirlos en territorio estadounidense.
En ese contexto, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México señalaron que “los hermanos Erika González Valencia e Ulises Jovani González Valencia han ayudado a sobornar a funcionarios gubernamentales a nombre del CJNG y Los Cuinis. Ellos también lavan dinero para promover las actividades internacionales de narcotráfico de estas organizaciones”.
Durante la administración de Donald Trump, el combate a grupos como el CJNG se convirtió en una prioridad, y en febrero de 2020 este cártel fue catalogado como organización terrorista extranjera, lo que incrementó la presión contra El Cuini y su red criminal.
Entre lujo, corrupción y poder: la vida de “El Cuini” tras las rejas que encendió las alarmas
En 2019, filtraciones de conversaciones telefónicas revelaron que “El Cuini”, gozaba de privilegios insólitos durante su estancia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Cocineros, criados, habitaciones privadas y visitas de mujeres formaban parte de una rutina que, según medios locales, estaba muy lejos de las condiciones ordinarias de un interno.
Entre las grabaciones difundidas por Milenio, destaca el diálogo entre el fotógrafo Miguel José Leone y una amiga, en el que este la invitaba a visitar al narcotraficante. “2.000 me parece muy poquito amor, y esta mierda no sabía que era una cárcel”, comentó la mujer, sorprendida por las condiciones del penal.
En la charla, ambos recordaron que una modelo, llamada Jessica, fue la primera en acudir. “El tipo (el detenido) es fabuloso”, dijo Leone, antes de describir la experiencia de la visitante: “La vaina es impecable. (...) No le tocaron nada (a la modelo). El tipo le tenía el megadesayuno en la mañana y le mandó a pedir comida japonesa en la tarde-noche”.
El fotógrafo incluso relató que había acudido en otra ocasión acompañado de dos colombianas y aseguró que el capo era “dueño” del reclusorio. “Te custodian los policías, cuidándote que no te pase nada”, añadió, describiendo un entorno de comodidades con varios cuartos, televisores y atención personalizada.
Ante la polémica, las autoridades intentaron trasladar a El Cuini al penal de máxima seguridad de El Altiplano, pero una orden judicial permitió que regresara al Reclusorio Norte en apenas dos días.
En aquel momento, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que debían procesarse a los funcionarios involucrados si existían pruebas. “No se trata de generalizar ni echar la culpa a todos los jueces, pero hay algunos que están actuando mal”, señaló. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró después que el capo no gozaba de privilegios y estaba sujeto a las reglas comunes del penal.
Seis años más tarde, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que la reciente entrega de 26 personas, entre ellas El Cuini, respondía a “interés nacional” y buscaba cortar las operaciones que líderes criminales mantenían desde prisión.
“Eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, dijo. Harfuch también advirtió que varios de estos reclusos obtenían amparos para permanecer en cárceles menos seguras, aunque no especificó su El Cuini realizó estas acciones, elevaba el riesgo de fuga y facilitaba la continuidad de sus actividades ilícitas.
De Caro Quintero a “El Cuini”: las dos megas extradiciones que marcaron la estrategia binacional contra el narco
El 27 de febrero de 2025, México ejecutó su primera “mega expulsión” de 29 presuntos líderes del narcotráfico hacia Estados Unidos. Entre los enviados a enfrentar la justicia norteamericana se encontraban figuras de alto perfil, incluidos antiguos jefes de Los Zetas y Rafael Caro Quintero, buscado durante décadas por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
Meses después, el 12 de agosto, se llevó a cabo un segundo operativo de gran escala que incluyó la extradición de Abigael González Valencia junto a otros 25 presuntos criminales de alto impacto, en respuesta a una solicitud directa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Con este traslado, Washington formalizó su objetivo de procesar al considerado cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por cargos de crimen organizado y tráfico de drogas.
“Estos individuos privaron de la vida a personas inocentes, ordenaron o participaron en ataques contra autoridades, que contribuyeron también a la producción y distribución de millones de dosis de droga y que, con sus operaciones ilícitas, generaron violencia y temor en comunidades enteras por muchos años”, declaró García Harfuch, el 12 de agosto.
El operativo partió desde la Base Aérea Militar Número 1 y movilizó 11 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y una de la Marina hacia diferentes puntos de Estados Unidos: ocho vuelos a White Plains, Nueva York; uno al aeropuerto John F. Kennedy; cinco a San Diego, California; seis a Phoenix, Arizona; y seis a Dulles, Virginia.
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