La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presentó una denuncia penal por la muerte de “Lucho”, un cocodrilo americano (Crocodylus acutus) emblemático de la comunidad de La Ventanilla, en el municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca.
La denuncia, interpuesta el pasado 11 de agosto ante la autoridad competente, busca que se investigue y se deslinden responsabilidades en torno a la posible negligencia que derivó en la muerte del ejemplar, que se encontraba bajo resguardo legal desde 2005.
De acuerdo con versiones periodísticas, “Lucho” habría sido sometido a una cirugía demostrativa durante un taller, sin contar con la autorización de la PROFEPA, lo que habría provocado una infección que finalmente le causó la muerte.
Más detalles de este caso
La muerte de “Lucho” fue informada el pasado 10 de agosto por la Profepa a través de sus redes sociales.
En la publicación mencionaron que personal de la institución y un médico veterinario relaizarían tomaron muestras para determinar la causa de muerte del cocodrilo.
“Por razones sanitarias se procedió a su entierro en playa, se solicitó el informe oficial a la UMA y se dará vista a la FGR para la investigación“, menciona la publicación de esa fecha.
En los comentarios de la publicación algunos usuarios mencionaron que se había tratado de una cirugía con fines únicamente demostrativos; sin embargo, la Profepa no ha aclarado el motivo de la intervención quirúrgica.
Lucho pertenecía a una especie protegida
Lucho, un macho de entre 40 y 50 años, pertenecía a una especie especie protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, clasificada como sujeta a protección especial, y está incluido en el Apéndice II de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies silvestres en riesgo.
Como parte de la investigación, la PROFEPA solicitó información detallada sobre los antecedentes médicos del ejemplar, así como documentación que acredite los permisos y actividades realizadas con él.
La dependencia recordó que, conforme al Código Penal Federal, los actos que atenten contra la vida silvestre pueden ser sancionados con penas de uno a nueve años de prisión y multas de hasta tres mil días de salario mínimo, particularmente si implican daño a especies protegidas o se realizan sin los medios permitidos por la ley.
“La PROFEPA no tolerará actos que pongan en riesgo a la fauna silvestre y dará seguimiento puntual al caso hasta esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes”, concluyó el comunicado oficial.
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