
En la edición de este jueves de su columna Estrictamente Personal, titulada “Bartlett, última llamada”, el periodista Raymundo Riva Palacio reveló que el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, se encuentra bajo una amenaza latente de ser acusado formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, ocurrido en 1985.
De acuerdo con la columna, autoridades mexicanas ya informaron a Bartlett sobre la posibilidad de que sea requerido por tribunales estadounidenses por haber autorizado que se filtrara a Rafael Caro Quintero —uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara— la identidad de Camarena como agente encubierto de la DEA. Esta acción habría sido clave para que se perpetrara el secuestro, tortura y asesinato del agente y de su piloto, Alfredo Zavala.
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El 16 de julio pasado, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, citó a Bartlett para notificarle que fiscales federales estadounidenses habían presentado nuevas pruebas ante el juez Frederick Block, en la Corte Federal de Brooklyn. Estas pruebas incluyen grabaciones de las torturas a Camarena y Zavala, en las que presuntamente se evidencia la implicación del entonces secretario de Gobernación mexicano.
Durante ese encuentro con Godoy, Bartlett solicitó protección del gobierno mexicano en caso de ser llamado a declarar en Estados Unidos y pidió ser enviado a una embajada en un país sin tratado de extradición, como vía para evadir un posible arresto.
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Desde hace décadas, Bartlett ha sido señalado por la DEA como un colaborador del Cártel de Guadalajara. A finales de los años 80, el testigo protegido de esa agencia, Víctor Lawrence Harris, quien fuera escolta de Ernesto Fonseca Carrillo (coacusado junto con Caro Quintero por el asesinato), ya había implicado al político mexicano.

La publicación de Riva Palacio detalla que este caso ha tomado un nuevo giro desde que los fiscales en Brooklyn decidieron no solicitar la pena de muerte para Caro Quintero, abriendo la posibilidad de un juicio o de negociaciones para que coopere como testigo protegido, lo cual podría derivar en implicaciones directas para Bartlett.
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Asimismo, los fiscales han renunciado a pedir la pena de muerte para Ismael “El Mayo” Zambada, con la expectativa de que, como exoperador del Cártel de Guadalajara, también aporte información relevante sobre el asesinato de Camarena.
En un movimiento paralelo, los fiscales estadounidenses han entregado nueva evidencia a los abogados de Caro Quintero que también involucra a Bartlett, aunque el juez aún no decide si esa información será pública. No obstante, las pruebas podrían usarse durante el juicio, cuya fecha sigue sin definirse. La siguiente audiencia está programada para el 18 de septiembre.
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Riva Palacio subraya que Bartlett nunca ha sido investigado en México por este crimen, aunque ha evitado viajar a Estados Unidos durante décadas, temiendo una posible detención.
En el contexto de la Operación Leyenda, la mayor investigación de la DEA sobre el asesinato de un agente en servicio, la posible imputación de Bartlett representaría el cierre de un ciclo de 40 años, y un mensaje contundente del gobierno estadounidense: ningún crimen contra un agente federal quedará impune.
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Los fiscales también han buscado colaboración en Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. A él le han pedido que proporcione información para incriminar a Bartlett, no solo por el asesinato de Camarena, sino también por supuestos activos financieros en EE.UU..
García Luna, quien ingresó al CISEN en 1990, tuvo acceso a expedientes sensibles sobre el caso. Según Riva Palacio, él conocería detalles de la relación de Bartlett con Samuel y Alexis Weinberg, empresarios vinculados a contratos de seguridad con el gobierno, que incluso firmaron un criterio de oportunidad con la FGR, admitiendo sus vínculos financieros con el exfuncionario.
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De comprobarse esas relaciones y negocios conjuntos, Bartlett podría ser acusado bajo las nuevas leyes antiterroristas impulsadas durante la presidencia de Donald Trump, que catalogan a los principales cárteles como organizaciones terroristas.
Si bien estas acusaciones no son nuevas, sí escalan a un nivel superior. En este nuevo marco legal, los implicados en delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo enfrentarían procesos más severos y extraterritoriales.
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Riva Palacio concluye que, aunque Bartlett ha buscado refugio político y no ha obtenido respuesta de Palacio Nacional, su situación se complica cada vez más, y difícilmente quedaría fuera del alcance de las autoridades estadounidenses si deciden ir por él.
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