Durante los primeros seis meses de 2025, la consultora Integralia reportó 253 incidentes relacionados con violencia política en 29 de las 32 entidades del país. El informe incluye 112 homicidios, 74 amenazas, 33 ataques con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis casos vinculados a otros delitos, como robos.
El análisis de Integralia destaca que la violencia se concentró principalmente en el contexto de los comicios locales. Veracruz fue la entidad con más casos, al registrar 81 eventos, coincidiendo con sus elecciones municipales. En contraste, Durango, también con elecciones locales, sólo reportó un incidente. Guerrero, Morelos y Oaxaca mostraron altos niveles de violencia política, pese a no haber tenido procesos electorales en ese periodo.
El informe señala que la incidencia de violencia política aumentó conforme se acercaba el día de la elección y continuó en ascenso durante el mes siguiente. Los delitos más frecuentes en ese lapso fueron las amenazas y los homicidios.
En cuanto a distribución geográfica, los asesinatos estuvieron concentrados en el centro y sur del país, particularmente en zonas donde existe fragmentación entre grupos del crimen organizado. Guerrero encabezó la lista con 21 homicidios, seguido por Veracruz con 16 y Oaxaca con 13.
Morena, el partido más atacado
El reporte también clasifica a las víctimas de acuerdo con su filiación política. Morena fue el partido más afectado, con 73 víctimas en total, de las cuales 39 fueron asesinadas. Le siguieron el Partido del Trabajo con 28 casos y el PRI con 27. Además, 69 de las víctimas no tenían afiliación partidista.
Según el análisis, el nivel municipal fue el más afectado: el 79 % de las víctimas eran autoridades en funciones, exfuncionarios, aspirantes o figuras políticas locales. El estudio señala que los grupos criminales tienden a enfocarse en el ámbito municipal por su menor capacidad institucional, lo que facilita su control.
Integralia concluye que la violencia política está vinculada a un proceso de captura institucional, en el que organizaciones criminales interfieren en estructuras de gobierno locales. Esta situación no sólo debilita el funcionamiento de las instituciones, sino que también incrementa la exposición de actores políticos a agresiones sistemáticas.
En el ámbito federal, el reporte indica que la elección judicial mostró baja incidencia de violencia. Sólo se documentaron tres casos de amenazas dirigidas a aspirantes en Guanajuato, Puebla y Estado de México.
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