Iberdrola, una de las mayores empresas energéticas a nivel mundial, podría estar preparando su salida de México en un contexto de incertidumbre jurídica y cambios regulatorios que, según directivos, dificultan la permanencia de la firma, de acuerdo con el medio español El Confidencial.
Señalan que el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, tomó la decisión ante la falta de seguridad jurídica y a la intensa presión ejercida por el gobierno mexicano durante los últimos años. Han señalado, además, que los cambios y amagos regulatorios han impactado la viabilidad de sus inversiones.
En España, medios como El País y Expansión han reportado que la energética concluye así una etapa de más de dos décadas en territorio mexicano, donde llegó a poseer el 15% de la capacidad de generación eléctrica privada del país.
Es por ello, que la empresa española habría contratado los servicios de Barclays Bank para vender sus 15 plantas de generación eléctrica que en su mayoría son de energía renovable, esto por un valor de 4 mil 600 millones de dólares.
Llegada a México y su relación en gobiernos panistas y priistas
Iberdrola llegó a México en 1999 con la inauguración de su primera planta en Nuevo León. Desde entonces, expandió su operación bajo esquemas de productores independientes y sociedades de autoabasto, aprovechando los cambios legales implementados durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Dichos modelos permitieron a la empresa acceder a grandes contratos industriales y comerciales, lo que contribuyó a su fuerte posicionamiento en el país.
Cambios ante la llegada de López Obrador
Sin embargo, el retiro de Iberdrola ocurre tras una serie de desencuentros con el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador. Donde el expresidente mexicano criticó abiertamente a la empresa española, acusándola de aprovecharse de reformas energéticas pasadas y de recibir un trato privilegiado bajo las administraciones anteriores, lo que alimentó la narrativa de que empresas extranjeras obtuvieron condiciones favorables en detrimento de los intereses nacionales.
En 2023, Iberdrola acordó con el gobierno mexicano la venta de trece plantas de generación eléctrica, que representan alrededor del 80% de su capacidad instalada en el país. El valor de la operación ascendió a casi 6 mil millones de dólares. Con esta venta, el Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incrementó su participación en el mercado eléctrico, un objetivo central de la política que aplicó López Obrador.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, ha reiterado que toda empresa que quiera continuar en el país deberá apegarse a las nuevas reglas que impulsará en su gobierno, enfatizando que se trabajará bajo principios de soberanía energética y una mayor rectoría estatal sobre el sector eléctrico, aunque manteniendo la puerta abierta a inversiones privadas siempre y cuando se respeten esas condiciones.
La salida de Iberdrola representa un cambio relevante en la composición del mercado eléctrico mexicano, así como para los actuales y futuros inversionistas.
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