Chihuahua lanza estrategia para denunciar tala ilegal de forma anónima; así puedes reportar el delito desde casa

En la reciente reunión de la Mesa de Trabajo contra la Tala Ilegal, autoridades del estado de Chihuahua subrayaron el papel clave de la denuncia ciudadana, al reconocer que la colaboración anónima constituye uno de los recursos más eficaces para frenar los delitos ambientales. Este nuevo enfoque sitúa la participación comunitaria como elemento central para combatir la tala no autorizada en la región.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionarios de diversas dependencias y corporaciones estatales y federales se convocaron el miércoles pasado en el salón Sacramento del Palacio de Gobierno con el objetivo de dar seguimiento a las medidas de prevención y combate contra la tala ilegal. La novedad más relevante del encuentro fue el anuncio de una campaña de denuncia anónima.

"La campaña de denuncia anónima busca con la participación de la ciudadanía, frenar la tala ilegal de árboles, para ello hace énfasis en que este delito destruye los bosques“, explicó la FGE de la entidad.

La estrategia de difusión contempla la colocación de espectaculares en puntos estratégicos de la región, lo que permitirá visibilizar el mensaje de alerta sobre el impacto negativo de la tala no autorizada.

Según explicaron las autoridades reunidas, estos materiales resaltarán los daños que este delito provoca, tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen de los recursos boscosos, y su relación directa con el avance del cambio climático.

Los spots de radio tendrán como característica distintiva su difusión en diferentes lenguas indígenas, específicamente en tarahumara, tepehuano y español, para garantizar que la información llegue de manera efectiva a todos los sectores de la población.

En los mensajes se enfatiza “que este delito destruye los bosques, afecta a la vida silvestre, pone en riesgo a las comunidades y acelera el cambio climático”, en palabras directas de la campaña informativa.

Las líneas de contacto para presentar denuncias anónimas, detallaron los organizadores, se destacan visiblemente tanto en los espectaculares como en los anuncios radiales.

Entre los números proporcionados figuran el 089 para Denuncia Anónima; el 614 420 04 53 perteneciente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); y el 627 522 85 85 de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA). Adicionalmente, las denuncias pueden hacerse a través de la plataforma digital de Denuncia Anónima de la Fiscalía General del Estado.

La información difundida subraya el llamado a la sociedad para hacer uso de los distintos canales de denuncia, recordando que el anonimato protege la identidad del denunciante y facilita la colaboración de testigos directos.

Reforzar la confianza en estas herramientas, explicaron los responsables de la campaña, resulta fundamental para acumular información precisa que permita la intervención de las autoridades antes de que los daños sean irreversibles.

Por último, los funcionarios recordaron que la protección de los bosques constituye una responsabilidad compartida y que la denuncia ciudadana, al garantizarse la confidencialidad, representa una vía efectiva para combatir la tala ilegal y salvaguardar el entorno ecológico de la entidad.

De acuerdo con la última iniciativa para reforma al artículo 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, en materia de tala ilegal de mayo de 2023, la pena por tala ilegal de árboles puede ir de 6 meses a 9 años de prisión y de 100 a tres mil veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) como multa.

“Dicha pena de prisión deberá aumentarse hasta en cuatro años más y la multa hasta en cinco mil veces el valor diario de la UMA vigente cuando esas conductas afecten un área natural protegida”, explica el sitio de comunicación social de la Cámara de Diputados.

Quienes incurran en actos de violencia o usen armas de fuego contra personas o con fines de lucro al cometer delitos relacionados con recursos forestales podrán recibir penas de tres a doce años de cárcel, además de multas que van de quinientos a cinco mil veces el valor diario de la UMA.

La legislación también establece sanciones para quienes transporten, comercialicen, adquieran, almacenen o modifiquen materias primas o productos forestales maderables sin contar con autorización oficial ni documentos que acrediten su origen legal.