La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) expresó su preocupación por el hostigamiento de fuerzas federales contra Othón Vargas, integrante de la organización Ciarena A.C., en Oaxaca.
A través de su cuenta oficial en la plataforma X (@Red TDT), la red publicó en tuit:
“Expresamos nuestra profunda preocupación ante la injustificada presencia de las Fuerzas Armadas en el domicilio de Othón Vargas como una forma de criminalización a su labor”.
La denuncia fue acompañada por una alerta que detalla que el pasado 15 de julio de 2025, alrededor de 10 camionetas del Ejército y la Guardia Nacional se presentaron en el domicilio del defensor desde las 14:30 horas y permanecieron allí hasta las 20:00 horas.
Las Fuerzas Armadas registraron su rancho sin ofrecer explicaciones, en un contexto de amenazas y actos de criminalización que se han venido documentando desde marzo, informó Red TDT.
Aseguran que estos hechos están relacionados con su labor como defensor de derechos humanos en la cuenca del Papaloapan y la región mixe baja de Oaxaca.
La Red TDT exigen garantías de protección para el defensor, su familia y el colectivo Ciarena A.C.
Protegen derechos indígenas
Othón Vargas forma parte de Ciarena A.C., un colectivo conformado principalmente por mujeres indígenas zapotecas, chinantecas, mixes, mixtecas, chatinas y personas afromexicanas que trabajan por la defensa de los derechos de mujeres, juventudes y niñez indígena.
Su objetivo es desarrollar acciones para fortalecer la autonomía de mujeres y hombres desde una perspectiva de derechos humanos, género y autonomía.
Criminalización de personas defensoras en México
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “En México, los defensores de los derechos indígenas sufren detenciones arbitrarias y condenas muy duras y largas”.
Mary Lawlor, experta de la ONU, en 2024, señaló sentir preocupación por los defensores de derechos humanos indígenas por los casos donde se han criminalizado a estas personas por sus actividades legítimas, “Sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada”.
Lawlor explicó que “La intención aparente de estos castigos es impedirles que desempeñen su labor en favor de los derechos humanos”.
En su intervención expuso 10 casos de defensores indígenas de los derechos humanos condenados en procesos judiciales con sentencias que van de 25 hasta 58 años; expresó que “Los activistas en cuestión habrían sido acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito”.
Advirtió que la criminalización a estas personas “Más allá del daño que sufren como individuos y repercute negativamente en sus comunidades”.
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