
El Gobierno de México presentó este 6 de julio la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan interinstitucional que busca combatir de manera frontal uno de los delitos que más afecta a la población y a la economía local en múltiples regiones del país.
La iniciativa fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acompañado por los integrantes del Gabinete de Seguridad y en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El programa se compone de cinco ejes operativos y preventivos, que contemplan desde acciones de inteligencia y detención, hasta atención a víctimas, bloqueos financieros, campañas de prevención y operativos penitenciarios.
La estrategia surge en un contexto en el que el delito de extorsión telefónica y presencial se ha disparado, especialmente en ocho estados del país que concentran más del 66% de las carpetas de investigación registradas.

“Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que, todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios”, señaló García Harfuch durante la presentación del plan.
Ocho estados tendrán atención urgente
De acuerdo con datos presentados por la SSPC, los estados con mayor incidencia en el delito de extorsión son: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En conjunto, estas entidades acumulan el 66% de las carpetas de investigación abiertas en el país por este delito.
Las cifras más recientes, reveladas en la conferencia de prensa del 6 de julio, son las siguientes:
- Estado de México: 2.048 carpetas
- Guanajuato: 879 carpetas
- Nuevo León: 645 carpetas
- Ciudad de México: 602 carpetas
- Veracruz: 585 carpetas
- Jalisco: 178 carpetas
- Guerrero: 47 carpetas
Michoacán, si bien no figuró inicialmente en la presentación gráfica, fue mencionado varias veces por las autoridades como uno de los estados prioritarios. De hecho, es en esta entidad donde se han realizado las mayores detenciones recientes vinculadas al cobro de “cuotas” a productores agrícolas.
Así funcionará la estrategia: cinco ejes de acción

La Estrategia Nacional contra la Extorsión articula su operación en cinco líneas principales:
- Generar detenciones mediante investigación e inteligencia. Se fortalecerán las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, para desmantelar redes delictivas y detener a objetivos generadores de violencia.
- Fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales. Las fiscalías estatales trabajarán en la creación de Unidades Antiextorsión con equipos multidisciplinarios para responder a los casos más urgentes.
- Aplicar un protocolo de atención a víctimas. Se implementará un protocolo especializado que contempla denuncias anónimas, acompañamiento físico a víctimas, canalización directa a unidades especializadas y atención inmediata vía telefónica.
- Capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación. El número 089 será el canal oficial y exclusivo para recibir denuncias anónimas de extorsión directa e indirecta. Los operadores serán entrenados para actuar en situaciones de riesgo, contener crisis y coordinar la respuesta institucional.
- Implementar una campaña nacional de prevención. Se difundirán contenidos informativos y educativos a través de canales oficiales, con apoyo de medios de comunicación y empresas privadas. Además, se capacitará a cajeros de tiendas de conveniencia, empleados bancarios y recepcionistas de hoteles para identificar comportamientos sospechosos y prevenir depósitos extorsivos o secuestros virtuales.
Congelamiento de cuentas y bloqueo de líneas

Uno de los elementos más novedosos de la estrategia es la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta institución tendrá la responsabilidad de congelar cuentas bancarias donde se detecten depósitos relacionados con extorsión.
Además, las autoridades podrán solicitar mandamientos judiciales para bloquear líneas telefónicas y equipos celulares asociados a este delito.
De forma paralela, se llevarán a cabo operativos sorpresa en centros de reinserción social, tanto estatales como federales, para decomisar teléfonos móviles desde los cuales se realizan llamadas de extorsión.
“Las cárceles siguen siendo el origen de muchas extorsiones telefónicas. Por eso, en agosto iniciaremos un sistema público de información mensual para transparentar en qué penales ocurre, cuántas denuncias se han registrado y cómo están actuando las autoridades”, explicó el fiscal Alejandro Gertz Manero.
Resultados operativos: detenciones clave en Michoacán, Tabasco y Ciudad de México
Durante la conferencia, se compartieron varios casos recientes como parte de los primeros resultados del plan:
- En Morelia, Michoacán, se detuvo a tres personas en flagrancia cuando recogían el pago de una extorsión. Se les aseguraron $100.000, volantes con amenazas y dos vehículos.
- En Apatzingán, fueron detenidos Gerardo “N” y Joana “N”, vinculados con el cobro de “cuotas” a productores de limón y aguacate.
- En Villahermosa, Tabasco, fue capturado Santiago “N” mientras cobraba una extorsión; se aseguró el dinero entregado.
- En Iztapalapa, Manuel “N”, considerado objetivo prioritario por su participación en homicidios y extorsiones, fue detenido junto con otros dos integrantes de su célula delictiva.
- En Jalisco, fue aprehendido Alfredo “N”, vinculado a delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión y homicidio, con operación en varios municipios del suroeste de Zacatecas.
Denuncia ciudadana: eje central del plan

El Gobierno subrayó que la denuncia anónima ciudadana es uno de los pilares de esta estrategia. Se destacó el trabajo del Observatorio de Seguridad Ciudadana, un organismo que opera en 20 entidades federativas y ha canalizado más de 60 reportes de extorsión y secuestro desde marzo.
“Gracias a estos reportes se han salvado vidas y protegido familias. Esta estrategia no será efectiva sin la colaboración de la sociedad”, enfatizó García Harfuch.
Para incentivar la denuncia, se lanzará una campaña audiovisual nacional con mensajes dirigidos a sensibilizar a la población y promover el uso del 089 como canal seguro, confidencial y anónimo.
Reforma legal en análisis
Aunque actualmente la extorsión es un delito del fuero común, el Gobierno federal evalúa una posible reforma legal para que pueda ser perseguido de manera más directa por instancias federales cuando las autoridades locales no actúen.
La Fiscalía General de la República convocará el 1 de agosto a los fiscales de los 32 estados para acordar un sistema común de información y coordinación operativa, con el fin de garantizar resultados uniformes y medibles.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión se perfila como una acción transversal que involucra a instituciones federales, estatales, municipales y a la sociedad civil. Las autoridades insisten en que la denuncia, el uso del 089, la coordinación entre niveles de gobierno y el seguimiento financiero serán fundamentales para frenar la expansión de este delito.
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