El asesinato de Jesús Laiza González y su pareja Isaí López, activistas LGBT+, ha generado una fuerte indignación social y política en Hidalgo y el Estado de México. Ambos fueron atacados el pasado fin de semana mientras regresaban de la marcha del orgullo en la Ciudad de México.
De acuerdo con reportes oficiales, fueron perseguidos por otro vehículo desde donde les dispararon, quedando sin vida dentro de la camioneta en la que viajaban, sobre el camino de El Carmen, en el municipio de Hueypoxtla, a unos metros del límite con Hidalgo.
La presidenta del partido Espacio Hidalgo, Esperanza Flores Rojo, anunció que la próxima semana acudirán ante la Fiscalía del Estado de México para exigir que el caso se investigue bajo el protocolo de crimen de odio. También informó que el partido emitirá un posicionamiento oficial y pedirá que las autoridades actúen con perspectiva de derechos humanos.
“Lo que pasó no debe quedar en el olvido. Jesús y su pareja tenían un proyecto de vida; estaban luchando por los derechos de otros. Hoy el Estado tiene la obligación de responder con verdad”, declaró Flores Rojo.
Jesús Laiza era Secretario de la Diversidad en el partido Espacio Hidalgo y junto con Isaí López encabezaba una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT+. La mañana del crimen, Jesús le comentó a Flores que asistirían a la marcha y celebrarían con amigos el cumpleaños que él cumpliría el lunes siguiente.
Tras el crimen, colectivos de diversidad sexual y organizaciones civiles han exigido justicia. La asociación Servicios de Inclusión Integral denunció la violencia sistemática contra la comunidad y exigió verdad, justicia y no revictimización. Por su parte, el colectivo Diversidad con Orgullo urgió a los gobiernos de Hidalgo y Edomex a investigar con rigor y sin sesgos.
Flores Rojo también denunció que la situación de la comunidad LGBT+ en Hidalgo continúa siendo crítica, marcada por prejuicios, discriminación y violencia estructural.
“Estos hechos han sido interpretados como un intento de silenciar una voz incómoda, en un contexto donde los crímenes de odio ocurren con impunidad. Por eso exigimos que no haya encubrimientos ni omisiones”, enfatizó.
Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado una línea de investigación específica, la presión social aumenta para que el caso no sea minimizado ni clasificado como un crimen común, sino que se reconozca el contexto de violencia sistemática contra las disidencias sexuales en el país.
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