La muerte de Grecia Indra Martínez Gutiérrez, conocida en el ámbito del entretenimiento para adultos como Teresa Ferrer, ha provocado preguntas sobre la atención que recibió en sus últimas semanas de vida y la respuesta del sistema de salud pública en Hidalgo. Los hechos en torno a su hospitalización y la tramitación de un amparo federal por falta de medicamentos han expuesto la fragilidad del derecho a la salud para pacientes graves en México.
Ferrer fue ingresada el 1 de junio al Hospital General de Pachuca, bajo el resguardo del IMSS Bienestar, tras presentar un cuadro de neumonía atípica severa. El estado de salud crítico en el que llegó la llevó directamente a terapia intensiva, donde permaneció intubada y sedada por varias semanas. Durante ese periodo, enfrentó no solo las afecciones de salud derivadas de la enfermedad respiratoria, sino también la carencia de medicamentos esenciales dentro del hospital.
Según comenta el medio local Plétora Hidalgo en el juicio de amparo 1368/2025 ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la paciente —a través de su representación legal— denunció que el personal médico le prescribió fármacos que no estaban disponibles en la farmacia del hospital el 11 de junio. Esto la obligó a tratar de conseguir los medicamentos por cuenta propia, aunque no contaba con los recursos económicos para hacerlo.
El escenario llevó a la intervención judicial. Un actuario federal acudió al hospital para comprobar la situación y constató que Ferrer continuaba en terapia intensiva, intubada y bajo sedación profunda, diagnosticada con neumonía, además de otros padecimientos. El expediente judicial señala que la jueza a cargo advirtió que, de no corregirse las deficiencias en la atención médica, se ponía en riesgo el derecho fundamental a la salud y, de forma directa, la vida de la paciente.
Bajo esa premisa, el Poder Judicial ordenó medidas extraordinarias: el hospital debía garantizar una atención médica integral, brindar sin demora todos los medicamentos indicados y realizar los estudios clínicos necesarios para buscar su recuperación.
El fallo enfatizó la gravedad del posible daño: la prolongación de la falta de fármacos y el retraso en la atención harían “físicamente imposible” devolverle su derecho a la salud.
La orden judicial implicaba una obligación inmediata para que el hospital subsanara las carencias. Aun así, pese a la intervención del Poder Judicial y las medidas dictadas, el estado de salud de Ferrer no mostró mejoría.
Medios regionales informaron que la actriz falleció debido a complicaciones respiratorias el 2 de julio, un mes después de su ingreso y tras semanas de estancia crítica. Ningún pronunciamiento oficial por parte de familiares ha desmentido esta secuencia de hechos.
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