Detienen a dos personas por hallazgo de 383 cuerpos no cremados en Ciudad Juárez

Tras concluir las labores de recuperación de 383 cuerpos hallados en el crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades confirmaron la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en el caso. Se trata de José Luis Arellano Cuarón, dueño del establecimiento, y Facundo Martínez Robledo, empleado del mismo, quienes fueron aprehendidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) durante las últimas horas.

De acuerdo con el fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, ambos detenidos enfrentarán cargos por el delito de Inhumación, Exhumación y Respeto a los Cadáveres o Restos Humanos, según el Código Penal, así como posibles violaciones a la Ley General de Salud en lo relativo al uso adecuado de cuerpos bajo custodia de establecimientos funerarios. Las penas contempladas para estos delitos van desde dos hasta dieciséis años de prisión, dependiendo de la gravedad y del marco legal que se aplique en cada caso.

Jáuregui Moreno detalló que los cadáveres fueron entregados al crematorio por seis funerarias de Ciudad Juárez —Luz Divina, Capilla Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamérica y Amor Eterno— con la finalidad de que fueran cremados, un proceso que nunca se llevó a cabo. En su lugar, los cuerpos fueron almacenados sin el debido proceso, aunque todos presentaban señales de tratamiento funerario, lo cual, según el fiscal, sugiere que ya habían sido preparados por las funerarias antes de ser enviados al crematorio.

El funcionario subrayó que la identificación de los cuerpos no dependerá exclusivamente de los familiares, sino que también se basará en procesos de investigación forense y documentación. Hasta el momento, los cuerpos permanecen en áreas refrigeradas y están siendo clasificados para su posterior identificación y entrega digna, de acuerdo con la voluntad de sus familiares, en caso de ser localizados.

Respecto al posible vínculo de los cuerpos con casos de personas desaparecidas en Chihuahua, el fiscal consideró que dicha hipótesis es poco probable, debido a que los cadáveres presentaban embalsamamiento u otro tratamiento funerario, lo que además dificulta establecer con precisión el tiempo que llevaban almacenados. No obstante, cada cuerpo será investigado individualmente, con el objetivo de descartar cualquier irregularidad o posible delito vinculado con desapariciones.

Hasta el momento no se han presentado denuncias formales por parte de los familiares, aunque la Fiscalía señaló que en los próximos días podrían surgir, conforme se realicen las notificaciones correspondientes a quienes contrataron servicios funerarios. Sobre las posibles omisiones de funcionarios públicos o de las funerarias involucradas, el fiscal aseguró que la investigación será exhaustiva y se encargará de deslindar responsabilidades tanto penales como administrativas.

En paralelo, se informó que el crematorio contaba con permisos vigentes emitidos por la Cofepris, según la documentación que obra en poder de las autoridades. No obstante, esto no exime de responsabilidad a quienes no cumplieron con los procesos de disposición final de los cuerpos.

En conferencia de prensa, Marcelo Ruiz, representante de la Unión de Funerarias en Ciudad Juárez, reconoció que miembros de la asociación utilizaron los servicios del crematorio, aunque aclaró que aún no se ha determinado con precisión qué funerarias fueron ni en qué periodos de tiempo. Ruiz subrayó que es responsabilidad del gremio funerario garantizar el trato digno de los cuerpos, y recordó que esta no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo en la ciudad. Durante la pandemia, en la misma área y posiblemente en el mismo crematorio, fueron encontrados 63 cuerpos en condiciones similares, lo que pone en evidencia la necesidad urgente de una regulación más estricta y mayor supervisión de estos establecimientos.

El caso continúa abierto y es considerado uno de los más graves escándalos funerarios en la historia reciente de Ciudad Juárez, por el número de cuerpos involucrados y por la posible cadena de negligencia institucional que permitió que estos hechos ocurrieran.