En su más reciente columna Historias de Reportero, titulada “Otro expediente salpica de narcopolítica a AMLO”, el periodista Carlos Loret de Mola recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la casa de bolsa Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.
Según la información difundida el pasado miércoles, la oficina estadounidense de Control de Delitos Financieros (FinCEN) habría documentado transacciones por 40 millones de dólares entre Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, y la empresa Vector.
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Lo que llama la atención, señala Loret, es la similitud en los argumentos: en el juicio contra García Luna, los defensores alegaron que no había pruebas sólidas, solo dichos de narcos; sin embargo, la 4T consideró que esos dichos eran suficientes para condenarlo. Hoy, frente a esta nueva acusación, el gobierno mexicano replica la misma defensa que antes criticaba: que no hay pruebas y todo se basa en “dichos” del Departamento del Tesoro.
La conexión Alfonso Romo–Vector–AMLO
Alfonso Romo, empresario y exfuncionario cercano a López Obrador durante los primeros años de su gobierno, es propietario de la casa de bolsa Vector, ahora señalada de haber servido como canal para lavar dinero del narcotráfico. Aunque el caso no tiene aún el peso judicial que tuvo el de García Luna, Loret advierte que podría escalar rápidamente y volverse explosivo, sobre todo en el actual clima de tensiones entre México y Washington.
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Narcopolítica y deterioro bilateral
El periodista subraya que esta nueva revelación se suma a una serie de declaraciones adversas desde el entorno político estadounidense. Recientemente, Pam Bondi, fiscal ligada al expresidente Trump, incluyó a México en la lista de “enemigos” de EEUU junto con Irán, Rusia y China. Y antes, Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Trump, acusó a Claudia Sheinbaum de alentar protestas violentas de migrantes en Los Ángeles.
Todo esto, dice Loret, refleja un deterioro profundo en las relaciones diplomáticas y una creciente sospecha desde Washington de una presunta colusión del gobierno mexicano con el narcotráfico.
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La UIF, la 4T y el encubrimiento
Según el periodista, la defensa del gobierno mexicano se apoya en que Estados Unidos no entregó pruebas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Pero cuestiona: ¿realmente se las darían, si el titular de la UIF fue designado por AMLO y se le acusa de usar su cargo para perseguir opositores, no criminales?
Loret concluye que este nuevo expediente podría ser el inicio de un escándalo similar al de García Luna, y lanza una advertencia: si Claudia Sheinbaum insiste en proteger a su antecesor, este será también su problema.
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Las autoridades también señalaron que una tercer implicada, la recepcionista del consultorio Detox, presentó un amparo para evitar comparecer
