En un paso significativo hacia el combate al tráfico ilícito de armas, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con víctimas y activistas estadounidenses encabezados por John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto “Stop US Arms to Mexico”.
La reunión se centró en la creciente preocupación por el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México, y su impacto en la seguridad y salud pública de ambos países.
Durante la reunión, el secretario de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias a quienes han perdido a familiares o han sido víctimas de la violencia armada.
De la Fuente reafirmó el compromiso del Gobierno de México de frenar la entrada ilegal de armas y destacó la necesidad de reforzar la comunicación entre ambos países para generar mayor conciencia sobre este fenómeno que, afirmó, “cobra vidas a ambos lados de la frontera”.
Cifras alarmantes
Por su parte, los activistas estadounidenses compartieron cifras alarmantes: cada año mueren aproximadamente 45 mil personas en Estados Unidos debido a armas de fuego y más de 1.3 millones han resultado heridas desde la masacre de Sandy Hook en 2012.
Afirmaron que las armas utilizadas en crímenes en México provienen en su mayoría del mercado estadounidense, subrayando la urgencia de actuar desde ambos frentes.
Los representantes de “Stop US Arms to Mexico” reconocieron como paso decisivo las demandas legales que el Gobierno de México ha presentado contra fabricantes y vendedores de armas en cortes de Boston y Tucson.
Aplaudieron que dichas acciones legales hayan llegado hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, desafiando la histórica inmunidad de la industria armamentista y sentando un precedente importante en la rendición de cuentas.
Abordar la violencia de manera integral
Asimismo, coincidieron en que es necesario abordar la violencia armada desde un enfoque integral que incluya no solo medidas de seguridad pública, sino también estrategias de salud mental y emocional.
Aseguraron que detener el flujo de armas ilegales desde Estados Unidos es esencial para debilitar al crimen organizado en México.
El canciller estuvo acompañado por altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre ellos el consultor jurídico Pablo Arrocha Olabuenaga, el consultor jurídico adjunto Miguel Ángel Reyes Moncayo y la directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades, Fadia Ibrahim Nader.
Ambas partes se comprometieron a mantener un diálogo abierto y constante, con la meta de construir soluciones bilaterales que protejan a las comunidades de ambos países del flagelo de la violencia armada.
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