Violencia político-criminal sacudió elecciones municipales en Veracruz y Durango en 2025

La jornada electoral local de 2025 en Veracruz y Durango estuvo marcada por una ola de violencia político-criminal, en la que múltiples ataques y asesinatos sacudieron los procesos de elección para cargos municipales. Los incidentes, atribuidos a la acción de diversos grupos del crimen organizado, revelaron tanto la gravedad de la situación en Veracruz como la persistencia de riesgos en Durango, según confirma el estudio “Votar entre balas”, que analiza los patrones y la evolución de esta violencia.

El 1 de junio de 2025, ambas entidades celebraron elecciones para renovar presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. En Veracruz, donde se eligieron 212 alcaldías y 630 regidurías, se registraron al menos 32 incidentes de violencia político-criminal durante el proceso electoral. De estos casos, más de la mitad afectaron a mujeres, precandidatas o candidatas, quienes enfrentaron amenazas, atentados, secuestros y homicidios, presuntamente vinculados a grupos criminales.

Entre los hechos más graves destacan el asesinato de Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec, y los ataques armados sufridos por figuras como Estela Sánchez y Carolina Galván. Según el estudio citado, a lo largo de las campañas, “tres candidatas fueron asesinadas, dos más secuestradas y posteriormente liberadas; otras dos sobrevivieron a ataques armados, y al menos diez recibieron amenazas que las obligaron a abandonar la contienda electoral”.

Repunte de violencia

El fenómeno no es nuevo. Desde 2018, Veracruz se ubica como el tercer estado a nivel nacional con más casos de violencia política. En estos siete años, se han documentado 99 asesinatos de funcionarios públicos, candidatos, integrantes de partidos y familiares, además de 34 asesinatos de funcionarios de seguridad ejecutados fuera de combate, lo que se interpreta como mensajes directos de intimidación por parte de grupos armados. El informe detalla que, solo en el proceso electoral actual, el número de aspirantes, funcionarios, militantes y familiares víctimas de violencia alcanzó los 28, frente a los 21 que se registraron en 2021.

Tal como refiere el documento, la violencia muestra un patrón cíclico: “Mayo de 2025 fue, por mucho, el mes con más violencia política en Veracruz desde 2018, con 14 ataques en un solo mes”, superando el anterior récord de agresiones en periodos electorales previos. La violencia se distribuyó de manera sostenida por todo el estado, pero con agrupaciones notables en las regiones norte, centro y sur, siendo municipios como Poza Rica de Hidalgo, Córdoba y Acayucan algunos de los más afectados.

Fragmentación criminal en Veracruz

Las causas de esta violencia tienen relación directa con la fragmentación criminal en Veracruz, donde al menos cuatro grupos del crimen organizado mantienen presencia significativa: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo (con presencia alta), y el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste (con presencia moderada).

La lucha por el control territorial, rutas de tráfico y gobiernos locales convierte a la actividad política en un escenario de alto riesgo, intensificado por la posición estratégica del estado como nodo de rutas hacia Estados Unidos.

Durango, con menor incidencia

En contraste, Durango mostró menor incidencia, con sólo dos ataques graves registrados desde 2018, incluido el atentado contra la candidata Ángela Rojas el propio día de la jornada electoral. El estudio citado apunta a la posible estabilidad interna derivada del predominio de un sólo grupo (el Cártel de Sinaloa), frente a la dinámica fragmentada de Veracruz.

El boletín concluye que la violencia política no desaparece tras los comicios y resalta su permanencia como un instrumento de control e intimidación ejercido por grupos armados dentro y fuera del calendario electoral. Las agresiones no sólo buscan influir en los resultados, sino castigar y condicionar el ejercicio del poder local, al tiempo que evidencian las estrechas conexiones y tensiones entre candidaturas, organizaciones delictivas y la estructura institucional en ambas entidades.