El gobierno de Claudia Sheinbaum busca reducir la edad de jubilación para trabajadores del Estado que cotizan bajo el antiguo régimen de pensiones del ISSSTE, anterior al sistema de Afores. La propuesta, enviada el pasado 13 de junio por el ISSSTE, plantea un Decreto Presidencial que modificaría el esquema actual de retiro para este sector.
Según el documento, la edad de jubilación se congelaría a partir de 2026 en 58 años para hombres y 56 para mujeres. A partir de ahí, se implementaría una reducción gradual: en 2028 bajaría a 57 y 55 años; en 2031, a 56 y 54; y finalmente en 2034, a 55 años para hombres y 53 para mujeres. Para acceder a estos beneficios, los trabajadores deberán contar con 30 años de servicio y las trabajadoras con al menos 28.
La iniciativa surge tras 20 días de protestas y bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que exigía reformas al sistema de retiro. En 2007, de los más de 2.4 millones de burócratas activos, solo el 14.2% optó por migrar al esquema de cuentas individuales. El resto (unos 2.1 millones de empleados) permanece en el régimen tradicional.
El proyecto justifica el cambio con argumentos de “solidaridad” y “justicia social”; sin embargo, no presenta ningún estudio técnico sobre su impacto en las finanzas públicas. Para 2025, el gobierno federal deberá destinar 386 mil millones de pesos para cubrir pensiones del ISSSTE, cifra que podría incrementarse con la aprobación del nuevo decreto.
Las jubilaciones era una de las principales demandas de la CNTE
Uno de los puntos más polémicos apuntó contra el actual modelo de administración de los fondos de los trabajadores: las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Según la CNTE, estas empresas privadas continúan enriqueciéndose a costa de los salarios de los trabajadores, actuando con el aparente respaldo del gobierno.
“No entendemos cómo un gobierno que se dice del pueblo puede olvidar que el magisterio también es parte del pueblo”, afirmaron mientras acusaban que el modelo actual sigue beneficiando a solo nueve firmas privadas que manejan estos recursos.
Los representantes indicaron que las respuestas obtenidas durante las negociaciones serán llevadas de vuelta a las bases para su análisis y discusión.
“Hemos reiterado que nuestras decisiones nacen de nuestras bases movilizadas. Si ellas lo determinan, aquí seguiremos de pie”, concluyeron.
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