Este miércoles, el Congreso del Estado de Michoacán reformó el Código Penal para incorporar como delito la ‘apología del delito’ y la incitación a cometer ilícitos, pese a protestas en el recinto por parte de periodistas organizados, quienes denunciaron riesgos para la libertad de expresión.
La modificación legal crea un nuevo capítulo que sanciona a quien incite públicamente a delinquir o promueva conductas delictivas o adicciones, incluso de forma indirecta. La redacción incluye términos generales como “ideas”, “argumentos” y “alusión”, que podrían, según especialistas, habilitar una interpretación discrecional por parte de autoridades ministeriales o judiciales.
La reforma fue avalada por mayoría legislativa, encabezada por Morena y sus aliados. La discusión se llevó a cabo sin apertura formal a consultas públicas, análisis técnico o audiencias expertas, pese a compromisos previos de algunos líderes parlamentarios para abrir un proceso de parlamento abierto.
Periodistas señalan falta de transparencia
Durante la sesión, integrantes del colectivo “Ni Uno Más Michoacán” exigieron sin éxito el retiro del dictamen y denunciaron que el procedimiento se realizó de manera acelerada, sin transparencia ni participación ciudadana. Tras la votación, la organización informó que presentará recursos legales para impugnar la reforma.
Aunque el dictamen incorpora una excepción para quienes ejerzan el periodismo profesional en el marco del derecho a la información, los periodistas señalaron que la cláusula es insuficiente, pues excluye otras formas de expresión como la protesta social, el arte, el activismo o la creación de contenidos independientes.
“Ni Uno Más Michoacán” advirtió que la reforma penaliza el contenido de las expresiones públicas sin un marco interpretativo objetivo, lo que —afirman— vulnera principios constitucionales como la legalidad penal y el derecho a la libre manifestación de ideas.
Además, cuestionaron el argumento de que la medida busca combatir fenómenos como los narcocorridos, señalando que ese enfoque intenta deslegitimar la protesta social al sugerir que los periodistas defienden contenidos que glorifican el crimen. También rechazaron esa imputación y señalaron que la raíz del problema está en la falta de políticas públicas eficaces para prevenir la violencia.
Al finalizar la sesión, representantes legislativos propusieron una reunión con los inconformes, pero estos la rechazaron al considerar que la naturaleza de la reforma exige un análisis jurídico profundo con participación especializada.
El colectivo hizo un llamado a organizaciones civiles, académicas, defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a sumarse a una estrategia colectiva para revertir los cambios legislativos, tanto en el plano jurídico como en el ámbito social.
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