Un acuerdo de no intervención en la elección presidencial de 2018 entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador está colapsando, tras revelaciones que involucran a proveedores del Estado en una red de corrupción multimillonaria. La columna “Estrictamente Personal”, del periodista Raymundo Riva Palacio, publicada este miércoles, expone que este presunto pacto político quedó fracturado tras la entrega de documentación comprometedora por parte de empresarios investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la columna, en mayo de 2018, Peña Nieto acordó no intervenir en las elecciones y quitarle apoyo al candidato del PRI, José Antonio Meade, a cambio de impunidad para él y sus allegados. A pesar de las presiones internas en el movimiento lopezobradorista para llevar al expresidente a juicio, López Obrador cumplió el pacto e incluso pidió a Peña que saliera discretamente del país. Sin embargo, el acuerdo ha llegado a su fin.
La ruptura se produjo tras el giro que tomó una investigación de la FGR iniciada en 2020, originalmente enfocada en el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, con la esperanza de que pudiera incriminar a Felipe Calderón. Pero el caso tomó otro rumbo gracias a los empresarios Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y su socio Natan Wancier Taub, quienes pidieron criterio de oportunidad a cambio de su colaboración.
Los Weinberg, proveedores del gobierno mexicano durante más de 25 años, entregaron documentos que prueban la adjudicación de contratos por al menos 465 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto, además del pago de deudas heredadas del sexenio de Calderón. Entre los contratos destacan:
- 10 contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), entre 2012 y 2017, por 403 millones de dólares.
- 14 contratos con el Cisen (hoy Centro Nacional de Inteligencia), entre 2013 y 2018, por más de 256 millones de dólares.
- 5 contratos con la Policía Federal, entre 2009 y 2012, por 60 millones de dólares.
- Un contrato con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por 214 mil dólares.
Las transferencias millonarias se realizaron a 17 bancos en México y 18 más en Barbados e Israel, involucrando a empresas como Nunvav Inc. S.A. y Nunvav Technologies Inc. S.A., presuntamente creadas para operar este esquema.
El punto clave: sobornos por más de 100 millones de dólares
Aunque las adjudicaciones en sí no son ilegales, los Weinberg y Wancier Taub declararon bajo protesta que parte del dinero fue destinado a sobornos dirigidos a Peña Nieto y a su entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Según sus declaraciones, más de 100 millones de dólares fueron transferidos directamente a una estructura que llamaron su “organización”, lo que podría constituir delitos graves de corrupción y lavado de dinero.
Estas revelaciones marcan el rompimiento definitivo del pacto de inmunidad. El gobierno de López Obrador había evitado vincular penalmente a Peña Nieto, pero las pruebas aportadas por los testigos protegidos han reactivado la ofensiva judicial contra el expresidente y otros altos funcionarios del pasado.
El avance de esta investigación podría cambiar el rumbo del escenario político y judicial en México, pues los vínculos entre gobiernos, contratistas y estructuras financieras opacas revelan una trama que podría derivar en nuevas acusaciones penales de alto perfil.
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