Con el objetivo de fortalecer la protección de menores de edad, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal local para tipificar como delitos a la cohabitación forzada y el matrimonio infantil.
La iniciativa, promovida por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, fue avalada por unanimidad con 24 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
“Para tipificar como delito la cohabitación forzada de personas menores de 18 años, se aprobó la adición al Título Cuarto, el capítulo I Bis; y los artículos 184 Bis y 200 Bis al Código Penal del Estado de San Luis Potosí”, apuntó un comunicado del Congreso del Estado.
Las sanciones para quienes incurran en este delito van de los ocho a 15 años de prisión, además de multas que oscilan entre los mil y 2 mil quinientos días de Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
En caso de que la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, las penas podrán aumentar hasta en una mitad en su rango mínimo y máximo.
Además de la cohabitación forzada, la reforma también contempla el delito de matrimonio ilegal, aplicable a cualquier persona que contraiga nupcias con un menor de 18 años. Este acto se castigará con las mismas penas que el delito anterior y considerará de igual manera condiciones étnicas o de pertenencia a comunidades vulnerables.
“De esta manera se establece que comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir de forma constante y equiparable a la de un matrimonio”, continuó el informe.
Consecuencias de los matrimonios y uniones tempranas según datos del Congreso Estatal y encuestas nacionales
Durante la intervención de la diputada Aradillas, destacó la importancia de alinear la legislación estatal con los estándares de derechos humanos establecidos por la Constitución y diversos tratados internacionales.
La congresista, argumentó que prácticas como el matrimonio infantil y las uniones tempranas son violatorias de los derechos fundamentales de niñas y adolescentes, y afectan gravemente su desarrollo personal, educativo y social.
Dichos puntos anteriormente mencionados, son fundamentados en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID 2018).
“Una de cada cuatro mujeres entre 20 y 24 años en México se unió por primera vez antes de los 18 años y el 3.6% lo hizo antes de los 15.
Estas prácticas son más frecuentes en zonas rurales, donde una de cada tres mujeres vivió una unión temprana", apuntaron los datos de las encuestas nacionales.
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