Familia Weinberg: los socios de Genaro García Luna en el poder darían información sobre el caso a la FGR

En medio de una nueva condena contra el exsecretario Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó un criterio de oportunidad a tres miembros de la familia Weinberg: se trata de Mauricio Samuel Weinberg López, su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su socio Natan Wancier Taub.

Todos ellos, según la información obtenida por el periodista Juan Omar Fierro, servirían para colaborar en la investigación contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Esta medida, que ya fue turnada ante un juez de control para su aprobación, busca que proporcionen información clave sobre la red de corrupción que desvió más de 5 mil millones de pesos del erario.

La familia Weinberg, con origen israelí y más de 35 años de experiencia en el sector de seguridad y tecnología, fue señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como pieza fundamental en este entramado. A través de sus empresas, tales como Nunvav Inc., Nunvav Technologies, Nice Systems Ltd y GLAC, habrían facilitado el desvío de más de 600 millones de dólares mediante contratos simulados con dependencias federales como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la entonces Policía Federal (PF) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

En ese contexto, la relación entre el “supersecretario” calderonista y Mauricio Weinberg data de los años ochenta cuando ambos trabajaban en el CISEN. No obstante, y durante el sexenio de Calderón Hinojosa, su alianza se fortaleció, lo cual permitió que las empresas de la familia obtuvieran contratos millonarios en el sector público. Tras la salida de García Luna, continuaron operando y ocultando recursos ilícitos en paraísos fiscales y propiedades en el estado de Florida.

Durante la conferencia matutina del 23 de mayo de 2025, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, explicó cómo México logró una victoria legal en Estados Unidos contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por un esquema de corrupción transexenal; es decir, que operó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Gómez detalló que ambos, a través del Grupo Weinberg, obtuvieron contratos irregulares por más de 726 millones de dólares y 528 millones de pesos entre 2009 a 2018; principalmente, en el ámbito de seguridad y tecnología. Estos contratos fueron canalizados mediante empresas fachada descritas anteriormente, y quienes operaban en México y otros países.

Ante esto, la unidad al mando de Gómez Álvarez identificó que estos recursos fueron desviados hacia cuentas bancarias en el extranjero. Específicamente, en Miami y luego regresaron a México en forma de activos y propiedades.

El proceso legal inició en 2021 con una demanda civil en Florida, donde se reclamaron 250 millones de dólares a García Luna y 580 millones a su esposa. Sin embargo, la jueza Lisa Walsh dictó una sentencia final en estos días que triplicó esas cantidades, lo cual implicará una obligación de pago de 748 millones 829 mil 676 dólares a García Luna y mil 740 millones a Pereyra. Además, se ordenó la devolución de bienes inmuebles y recursos financieros.

Hasta ahora, México ha logrado recuperar casi 2 millones de dólares en efectivo, un inmueble valorado en 555 mil dólares y otros 275 mil dólares, tras ejecutar una hipoteca relacionada con empresas vinculadas al caso. Estos recursos ya fueron entregados a la Tesorería de la Federación. Por otro lado, las propiedades están bajo administración oficial para su venta.

En respuesta a estas acusaciones, los Weinberg negaron cualquier irregularidad en años pasados. En un comunicado, afirmaron que sus contratos fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mexicana sin detectar anomalías. También destacaron su colaboración con autoridades estadounidenses y su trayectoria como proveedores estratégicos en seguridad durante más de tres décadas.

Pablo Gómez destacó que este fallo confirma la existencia de una red de defraudación que involucró a funcionarios de alto nivel en administraciones pasadas. Señaló que, aunque algunos tribunales mexicanos han otorgado amparos que permiten a los implicados seguir usando el sistema financiero nacional, estas decisiones están siendo impugnadas por el gobierno mexicano.

El titular de la UIF también adelantó que próximamente se emitirá una nueva sentencia en Florida contra, al menos, 15 empresas que participaron en el lavado de dinero. Varias de estas compañías ya han sido bloqueadas y desactivadas en el sistema financiero mexicano.

La audiencia para continuar con el debate sobre el criterio de oportunidad a la familia Weinberg está programada para el próximo lunes. Mientras tanto, el experredista señaló que los procesos contra García Luna y Pereyra continuarán ante las leyes mexicanas y estadounidenses.