De Mauleón exhibe red de corrupción aduanera ligada presuntamente a exfuncionarios federales; acusa represalias legales

Una nueva entrega de la columna “En tercera persona”, escrita por el periodista Héctor de Mauleón, destapa una compleja red de corrupción en las aduanas mexicanas, encubierta desde el gobierno federal y silenciada desde las instancias judiciales de Tamaulipas. Bajo el título “El secretario de Duarte y la corrupción que Tamaulipas quiere censurar”, De Mauleón revela documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, que evidencian el papel de funcionarios ligados a Horacio Duarte –entonces administrador general de Aduanas– en presuntos delitos graves, mientras las autoridades intentan castigar al mensajero en vez de a los responsables.

Una reunión clave en Lomas de Sotelo

De acuerdo con uno de los documentos hackeados por Guacamaya, el 9 de junio de 2021, en las instalaciones militares de Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, se llevó a cabo una reunión estratégica con altos mandos del Ejército y autoridades fiscales. El propósito: poner en marcha el plan del presidente López Obrador para “limpiar todas las aduanas del país”, especialmente las del norte. Las entidades involucradas incluían Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo y Chiapas.

En esa reunión, se habló del relevo de administradores y subadministradores, así como de la incorporación del Ejército en las operaciones aduanales, con apoyo del SAT y otras dependencias. Los encargados de coordinar la estrategia serían Horacio Duarte y su entonces secretario particular, Juan Carlos Madero Larios.

“Se acordó que únicamente Duarte y su secretario particular serían los canales de comunicación con la Sedena”, señala la minuta revelada por Guacamaya.

Acusaciones graves contra el secretario de Duarte

Más de un año después de esa reunión, el 18 de agosto de 2022, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), envió un documento confidencial al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el que acusó a Madero Larios de estar implicado en actos de corrupción relacionados con el contrabando de hidrocarburos y pepino de mar, especialmente durante su gestión en la aduana de Progreso, Yucatán.

“Recibe recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora”, se lee en el documento.

A pesar de que Sandoval recomendó cesarlo desde agosto de 2021, Madero seguía cobrando en la nómina pública hasta 2022, como Administrador de Operación Aduanera, algo que puede comprobarse en la nómina transparente de la Función Pública.

La impunidad y el silencio oficial

El general Sandoval pidió al titular del CNI, Audomaro Martínez, que se procediera legalmente contra los funcionarios involucrados para evitar la impunidad. Sin embargo, nada ocurrió. Madero Larios siguió activo dentro de la estructura aduanera, mientras Duarte abandonaba el cargo para coordinar la campaña electoral de Delfina Gómez en el Estado de México.

De Mauleón remata:

“La corrupción quedó intacta, en manos del mismo grupo que la había manejado desde el arranque del sexenio”.

El periodista también vincula esta red con el caso del llamado “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona, quien habría usado las aduanas para financiar campañas de Morena en Tamaulipas y otros estados.

El intento de censura desde Tamaulipas

Hoy, mientras se ignora a los implicados en el saqueo aduanal, un tribunal de Tamaulipas ha iniciado procesos legales contra el medio en el que colabora Héctor de Mauleón, y contra el mismo periodista, por publicar esta información. La denuncia incluye amenazas de multas y cárcel, en lo que representa un ataque directo a la libertad de expresión.

“No callar es, simplemente, defender el derecho que a todos nos otorga la libertad de expresión”, afirma De Mauleón.

En el centro de esta nueva polémica también está una cuñada de Madero Larios, quien ahora aspira a presidir el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, lo que, de confirmarse, cerraría el círculo de protección política y judicial a una red de corrupción estatal y federal.