La presidenta de la República abordó este 5 de abril las inquietudes relacionadas con el llamado a paro nacional anunciado por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), programado para el próximo jueves 15 de mayo.
Según informó, el gobierno ha sostenido diálogos con los representantes del magisterio con el objetivo de evitar la paralización de actividades.
Además, reiteró el compromiso de su administración con los maestros y maestras del país.
La respuesta del gobierno
Durante su intervención, destacó que se han implementado esfuerzos para atender las demandas del gremio docente, aunque reconoció que en ocasiones es difícil que es difícil cumplir las demandas pues sobrepasa el presupuesto del gobierno.
Sheinbaum mencionó también que la Secretaría de Educación Pública (SEP) participa activamente en mesas de negociación a nivel estatal para abordar las necesidades específicas de cada región.
Entre los temas discutidos, se encuentran aspectos relacionados con el FOVISSSTE, el congelamiento de la jubilación y otras medidas de apoyo destinadas al sector educativo.
¿Qué piden los trabajadores?
La decisión del paro nacional del próximo 15 de mayo fue anunciada oficialmente por la secretaria general de la sección, Yenny Aracely Pérez Martínez, durante la asamblea estatal celebrada este sábado, donde se reafirmó que la movilización será de carácter indefinido, según informó el medio El Imparcial de Oaxaca.
Durante su intervención, Pérez Martínez aseguró que, tras el respaldo de las bases, habrá una participación masiva en las acciones de protesta a nivel nacional, en coordinación con las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE.
Subrayó que el paro no solo responde a la defensa de los derechos del magisterio, sino también a la lucha de millones de trabajadores y a la necesidad de mantener vigente el movimiento democrático contra el “charrismo sindical”.
A través de un comunicado, la Sección 22 explicó que uno de los principales objetivos de la movilización es exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cancelación de la llamada Reforma Educativa Peña-AMLO, así como justicia social y un aumento salarial del 100% al sueldo base.
En el mismo documento, el gremio expresó su inconformidad con lo que calificaron como una política de “mesas dilatorias” por parte del gobierno federal durante el actual sexenio, acusando falta de respuestas concretas a las 69 demandas entregadas el pasado 1 de mayo a la Presidencia de la República.
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