Fiscalía Edomex procesa a 33 ex servidores y particulares por red de manipulación de plazas: 26 ya vinculados a proceso

26 personas vinculadas a proceso y otras cinco amparadas: así opera la red de “aviadores” que saqueó más de 96 millones de pesos del erario del Estado de México entre enero de 2025 y febrero de 2026, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

La investigación abarca a 33 ex servidores públicos y particulares acusados de integrar un esquema de simulación que asignó plazas docentes a personas que nunca ejercieron funciones educativas. La red habría operado de forma continua desde 2021, según los actos de investigación de la FGJEM.

Cómo funcionaba el fraude

El mecanismo era preciso: los “falsos docentes” eran dados de alta en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI) y en la plataforma “META 4” de la Oficialía Mayor (OM), que gestiona la dispersión de nómina. Sus tarjetas de débito quedaban en poder de “reclutadores”, quienes retiraban el dinero y lo distribuían entre los integrantes de la red.

A los titulares de las cuentas les entregaban una fracción mínima del sueldo cobrado. Por cada 200 mil pesos recibidos en concepto de salario, los “falsos docentes” obtenían apenas 6 mil; el resto se repartía entre los operadores del esquema, con los funcionarios de mayor rango —tanto de la OM como de la SECTI— quedándose con la mayor parte. Esos mismos funcionarios fijaban límites a los montos que podían bancarizarse para no levantar sospechas.

Los “reclutadores” preferían a familiares y amigos de confianza como candidatos. Una vez integrados a la nómina, los “falsos docentes” eran adscritos a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados en municipios como Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango.

El origen: una detención en 2021

El antecedente más temprano documentado en el expediente data del 19 de diciembre de 2021. Ese día, Juan Alberto “N” fue detenido mientras realizaba retiros en un cajero automático en el centro de Toluca. Llevaba consigo 164 tarjetas de débito a nombre de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y 180 mil pesos en efectivo.

Para justificar la posesión de las tarjetas, su entonces superior jerárquico Rodolfo Alejandro “N” declaró ante el Ministerio Público que “Juan Alberto tenía instrucciones y funciones asignadas para brindar apoyo en gestiones bancarias cuando presentaban fallas las tarjetas”. Por su parte, Eduardo “N” afirmó que “él le prestó a Juan Alberto el dinero en efectivo que tenía en su poder al momento de ser detenido y le había firmado un pagaré”. Yesica “N”, Freddy Raymundo “N” y Felipe “N” comparecieron con versiones similares.

La plataforma que lo hizo posible

La infraestructura tecnológica que facilitó el fraude entró en operación a finales de 2017, cuando Óscar “N” fungía como Director General de Personal de la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas. En ese puesto incorporó a varios de los ahora investigados —entre ellos Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”— en las secretarías de Seguridad y de Finanzas.

Varios de esos incorporados habían participado previamente en el desarrollo de la propia plataforma “META 4”. Al convertirse en servidores públicos, fueron designados en áreas estratégicas que facilitaron las conductas delictivas investigadas. Cuando alguno de ellos dejaba su cargo, quien lo sustituía era integrado a la red.

Las irregularidades documentadas

El expediente de la FGJEM identifica una serie de irregularidades recurrentes en los procesos de alta de personal. Las principales son:

1. Ausencia de soporte documental administrativo y/o profesional para causar alta como docente.
2. Incumplimiento de la presentación de propuesta por parte de la Dirección Escolar ante la Supervisión o la Dirección General de Secundarias de la SECTI.
3. Inexistencia del Formato Único de Movimiento de Personal (FUMP) en la mayoría de los casos, o expedientes con documentación incompleta.
4. Realización del alta en el SIGAP sin verificación de procedencia, autorización o registro válido en el sistema de nómina.
5. Falta de verificación de la existencia de los planteles educativos de adscripción por parte de la Dirección General de Remuneraciones de la OM.
6. Confirmación indebida de datos y requisitos inexistentes por parte de la Subdirección de Actualización de Base de Datos, con la consecuente autorización del pago de nómina.
7. Intercambio de claves personales de acceso al SIGAP entre funcionarios de la SECTI y la OM.
8. Adscripción deliberada de “falsos docentes” a planteles con clave de centro de trabajo inactivo.
9. Violación del Procedimiento 022 del Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal.
10. Realización de altas durante la madrugada y alternancia mensual de las cuentas de capturistas para ocultar la actividad.

Los capturistas, pese a ocupar el rango más bajo del esquema, realizaron en algunos casos más de 70 movimientos de alta irregulares. Cada uno de esos registros les generaba un pago de cinco mil pesos.

El mensaje que ordenó el silencio

Tras la primera denuncia presentada el 11 de febrero de 2026, los operadores de la red instruyeron a los “falsos docentes” para que cancelaran sus cuentas de nómina. El expediente contiene un mensaje que circuló entre los involucrados:

“Están auditando las cuentas que amablemente la gran mayoría ya cancelaron, el tema con los auditores es que quieren rascarle para inculpar a alguien de los mandos dentro de los cuales está nuestro contacto… si reciben una llamada, o mensaje o en un caso muy extremo recibieran una visita en sus domicilios, nosotros nos libramos negando absolutamente todo… no hemos trabajado en el gobierno… nunca recibimos ningún beneficio del gobierno… jamás hemos tenido cuentas para el trabajo en gobierno. No conocemos a nadie en gobierno” (sic).

El expediente también contiene imágenes de mensajes previos en los que los “reclutadores” advertían a los “falsos docentes” que “no se dieran de alta en el ISSEMyM”, lo que apunta a una estrategia sistemática para mantener el esquema fuera del radar institucional.

Quiénes son los 33 investigados

Entre los 33 procesados hay seis ex servidores públicos: Óscar “N”, ex Subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas (abril 2021-septiembre 2023); Sergio Andrés “N”, ex Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación (2019-2023); Alfredo “N”, ex Delegado Administrativo del Subsistema de Educación Básica de la SECTI (marzo 2024-mayo 2025); y Felipe “N”, Fredy “N” y Yesica “N”, ex elementos de la Secretaría de Seguridad en 2021.

Nueve servidores públicos de la OM también figuran en el expediente: Juan Alberto “N”, Delegado Administrativo de la Dirección General de Personal; Araceli “N”, Directora de Remuneraciones al Personal; Yunuen “N”, Subdirectora de Actualización de Base de Datos; Fabiola Lidia “N”, Líder de Proyecto A; Christopher “N”, Subdirector de Desarrollo Técnico; Diego Emmanuel “N”, Jefe de Departamento de Base de Datos de Nómina; David “N”, Director de Sistemas y Tecnologías de la Información; Daniel “N”, Secretario Particular del Director General de Personal; y Jair “N”, Analista Especializado.

Once servidores públicos de la SECTI completan el grupo: Daniel Arturo “N”, Delegado Administrativo de la Subsecretaría de Educación Básica, y diez capturistas identificados como Alejandra “N”, Ángel Fernando “N”, Anel “N”, Yuritzi Lucero “N”, Norma del Carmen “N”, Ericka “N”, Orlando “N”, Jorge Emanuel “N”, Óscar “N” y Alan Israel “N”. También está imputada Diana Paola “N”, servidora pública de la Secretaría del Bienestar, quien entre 2021 y 2023 fungió como Secretaria Particular de Óscar “N” en la Secretaría de Finanzas. La “reclutadora” Sabina “N” completa la lista de detenidos.

Penas acumulables y un caso de muerte bajo investigación

La Fiscalía advierte la actualización de un concurso real homogéneo de delitos: las penas de entre 10 y 26 años previstas en los artículos 305, 307 fracción V y 335 fracción I del Código Penal del Estado de México se acumularían por cada alta irregular registrada. Los 27 detenidos con prisión preventiva justificada cumplen su medida cautelar en el Centro Penitenciario de “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez.

El expediente, que consta de 30 tomos con aproximadamente 12 mil fojas, también documenta el estilo de vida de los investigados: viajes a París, Dubái, Las Vegas, las Islas del Caribe, China y Egipto, así como el uso de vehículos, prendas y accesorios de alta gama e inmuebles de alta plusvalía, todo ello incompatible con los salarios de servidores públicos.

Un elemento adicional ensombrece la investigación. José Daniel “N”, servidor público de la SECTI con funciones de enlace con la Dirección de Remuneraciones al Personal de la OM, fue hallado sin vida en su domicilio el 2 de abril de 2026. Las circunstancias de su muerte se investigan bajo protocolo de homicidio.