
El 6 de febrero del 2000 la Policía Federal Preventiva (PFP), con la autorización de un juez, entró y desalojó las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además arrestó a cientos de paristas en el operativo. La fuerza pública estuvo resguardando los edificios hasta el mes siguiente cuando, después de casi un año, se pudieron reanudar las actividades educativas.
La historia comienza el 15 de marzo de 1999 cuando Francisco Barnés de Castro, el rector de la UNAM, presentó una propuesta al Consejo Universitario que buscaba modificar el Reglamento General de Pagos. El director argumentó que la universidad necesitaba más recursos, por lo que la iniciativa planteaba un incremento en las cuotas de inscripción para los estudiantes de licenciatura, pasando de 20 centavos a 100 pesos anuales.
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El proyecto generó una fuerte reacción entre la comunidad estudiantil, que lo interpretó como un intento de mercantilizar la educación pública, principalmente porque ocurrió en medio del gobierno de Ernesto Zedillo, una administración neoliberal que apostaba por la privatización y se inclinaba por el libre mercado.
El 23 de marzo de 1999 comenzaron a realizarse asambleas estudiantiles en diversas facultades y escuelas de la UNAM hasta que, el 20 de abril, se instauró el Consejo General de Huelga (CGH), una organización integrada por representantes de distintas escuelas de la UNAM. Ese día inició el paro de labores.
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Durante los meses siguientes el movimiento estudiantil comenzó a estancarse, la rectoría buscó por muchos medios establecer mesas de diálogo pero el CGH las rechazó, argumentando que no se garantizaba una participación equitativa ni el respeto a los acuerdos alcanzados en las asambleas
El CGH comenzó a endurecer su postura, lo que generó divisiones internas entre grupos moderados y radicales que complicaron aún más las posibilidades de alcanzar una solución negociada. Mientras tanto, la sociedad y los académicos pugnaban por el fin de la huelga.,
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El 12 de noviembre de 1999, luego de un infructuoso intento con el exrector José Sarukhán, Francisco Barnés de Castro renunció a su puesto como rector de la UNAM. Fue reemplazado por Juan Ramón de la Fuente, quien tenía como principal tarea el desafío de resolver la crisis.
De la Fuente continuó con la estrategia del diálogo y ofreció amnistía a los huelguistas, pero el CGH mantuvo su postura de rechazo a pesar de que muchos sectores estaban de acuerdo con la propuesta.
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El presidente Zedillo no intervino de manera directa en el conflicto durante todo ese tiempo, especialmente por el principio de la autonomía universitaria, pero con el pasar de los meses la participación del Estado empezó a ser considerada cada vez más como una opción.
El gobierno federal respaldó institucionalmente la decisión de De la Fuente de buscar una salida legal al solicitar la intervención judicial. La huelga estudiantil culminó con un operativo de la PFP el 6 de febrero del año 2000.
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Este despliegue, autorizado por un juez federal, permitió la liberación de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Más de 600 estudiantes fueron detenidos en el proceso, aunque la mayoría recuperó su libertad en los días siguientes. El operativo fue polémico pero exitoso, la UNAM retomó sus actividades académicas en marzo de 2000.

La PFP fue fundada por decreto presidencial en enero de 1999, como parte de una reforma impulsada por Ernesto Zedillo. Su operación cotidiana dependía de la Secretaría de Gobernación pero su marco normativo y político respondía al Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la república.
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Por lo tanto, aunque la orden de ingresar a las instalaciones de la Ciudad Universitaria fue hecha por un juez, la participación de la Policía Federal Preventiva fue avalada por el presidente Ernesto Zedillo, lo que implica una responsabilidad directa de la presidencia en la ejecución del operativo y en el fin controversial de la huelga estudiantil.
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