UNAM respalda a las personas buscadoras en su labor para localizar a familiares desaparecidos

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la desaparición de personas es uno de los delitos más graves que atentan contra los derechos humanos. Por ello, reconoció la labor emprendida por la población civil para localizar a las víctimas de este delito.

Mediante un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que la violencia del crimen organizado es uno de los principales factores (aunque no el único) que ha generado un aumento en los casos de desaparición.

Datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que en México hay más de 125 mil personas en calidad de desaparecidas. Más allá de una cuestión de cifras, lo anterior refleja el nivel de violencia ejercido por grupos criminales contra la población civil.

Bajo ese contexto, la UNAM expresó su solidaridad hacia las personas que, ante la falta de acciones y respuestas por parte de las autoridades, deciden buscar por su propia cuenta a sus familiares desaparecidos.

“La UNAM se solidariza y reconoce la valentía y virtud cívica de las personas buscadoras y de las organizaciones que luchan por la verdad y la justicia frente a los terribles delitos que implica la desaparición de personas. La Universidad de la Nación comparte su sufrimiento e indignación”, se lee en un comunicado difundido por la institución.

Para la UNAM, enfrentar la desaparición de personas implica un acción coordinada entre todos los niveles de gobierno, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto. “El desafío que se enfrenta involucra el manejo integral y certero de cifras, la búsqueda en vida y la identificación forense en plazos razonables”, señaló.

Esto tiene que ver con el acompañamiento que tiene que brindarse a las personas buscadoras, mediante mecanismos de protección que garanticen su integridad y labor. En ese sentido, la UNAM se pronunció en contra de las acciones que buscan invisibilizar este fenómeno.

“Expresamos nuestro rechazo a cualquier tentativa por invisibilizar esta compleja situación para intentar colocar una agenda distinta a la del respaldo a las personas buscadoras”, aseveró la Universidad.

Si bien estas consideraciones fueron realizadas por el Consejo Universitario el 31 de marzo en su sesión ordinaria, lo cierto es que fueron dadas a conocer hasta este lunes.

Para atender este fenómeno, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso reformas legales a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Algunas de las acciones contempladas son:

• Creación de la Plataforma Única de Identidad. Se trata de una alerta que se activará en todo el país en caso de que una persona desaparezca. La herramienta será la CURP.
• Incorporación de la CURP como mecanismo de identidad oficial, por lo que contará con fotografía y huellas dactilares.
• Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
• Fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
• Incremento de penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.
• Creación del Sistema Nacional de alerta, búsqueda y localización de personas.