Esposas, novias, familiares y empleadas: las mujeres del CJNG buscadas por EEUU y su papel en la organización

Las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalarojn las diversas acciones que llevan a cabo para erradicar al Cártel Jalisco Nueva Generación, el aumento de recompensas, captura de funcionarios ligados así como el organigrama del peligroso cártelñ, en el que se incluye a varias mujeres entre familiares, parejas y empleadas.

Se fijó este miércoles 5 de agosto una recompensa de hasta USD 2 millones para localizar a Griselda Margarita, señalada por su presunto papel en una red de fraude de tiempos compartidos y lavado de dinero ligada al CJNG, en un caso que exhibió cómo esposas, novias, familiares y empleadas habrían sido usadas para resguardar activos, operar empresas y mover recursos del cártel.

La acusación presentada en un tribunal federal de Brooklyn también incluyó a Julio César, alias “El Tarjetas”, “Moreno”, “El Chess”, “César” y “CH Jiménez”, identificado como integrante de alto rango del grupo criminal. Ambos fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

En el caso de Montero, la acusación agregó un cargo por conspiración para proporcionar y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Las autoridades estadounidenses precisaron que los dos eran ciudadanos mexicanos y no estaban bajo custodia de Estados Unidos.

El expediente sostuvo que, desde aproximadamente 2012, el CJNG operó un esquema de fraude de pago por adelantado contra dueños de tiempos compartidos en México, incluidas varias ciudades de Jalisco. Las víctimas, muchas de ellas residentes y ciudadanas de Estados Unidos, entregaban dinero por supuestas tarifas e impuestos para vender o rentar sus propiedades, pero no recibían los fondos prometidos ni recuperaban su dinero.

Entre 2019 y 2024, unas 6,000 víctimas estadounidenses informaron pérdidas por alrededor de USD 350 millones atribuibles a fraudes de tiempos compartidos en México. Hasta la fecha, la OFAC había sancionado a más de 70 personas y entidades por su participación en esa modalidad atribuida al CJNG.

Griselda fue ubicada en la oficina central del fraude de tiempos compartidos

La autoridad estadounidense señaló que Griselda Margarita trabajaba en una oficina central controlada por el CJNG. Desde ahí, presuntamente supervisaba la operación de centros de llamadas y la recepción y el lavado del dinero obtenido de las víctimas.

El caso la colocó como una pieza operativa dentro de una estructura que no solo engañaba a propietarios de inmuebles vacacionales, sino que también reciclaba las ganancias. La acusación sostuvo que la red incluso volvía a contactar a las víctimas con falsos abogados o supuestos funcionarios que ofrecían recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos por adelantado.

Las autoridades también recordaron que ya había sido sancionada por la OFAC por su presunta participación en ese esquema. Si fuera declarada culpable, enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión por cada cargo imputado.

Karely Lizbeth apareció como esposa y dueña de una licorería

Dentro de la red centrada en la familia de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, la OFAC identificó a Karely Lizbeth como su esposa. La señaló como propietaria de la tienda de bebidas El Almacén Licorería.

La misma acción la vinculó, junto con Areli Isis M, prima de Jardinero, a Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., una empresa mayorista de ropa. Además, Petrocoda S.A. de C.V., una compañía gasolinera, habría permanecido bajo control de Jardinero a través de Medina Flores y del subordinado Gabriel Serrano Magaña.

La designación sostuvo que su esposa y prima habrían actuado en nombre o representación, directa o indirectamente, de Audias Flores Silva. El caso mostró un patrón: personas cercanas a mandos del cártel aparecían al frente de negocios formales usados para ocultar el interés real sobre activos y ganancias.

Areli Isis fue señalada como prima y operadora de empresas

Areli Isis fue descrita como prima de Jardinero y como una de las personas mediante las cuales se habría mantenido el control de activos empresariales. Su nombre apareció en la operación de Petrocoda y en la propiedad de la comercializadora de ropa compartida con ella.

La acusación administrativa no la ubicó como figura armada ni como jefa de plaza, sino como parte del mecanismo financiero y patrimonial del grupo. Ese es uno de los rasgos que destacaron las sanciones: la red familiar no solo servía para encubrir bienes, sino para reducir el riesgo de que las compañías quedaran expuestas de inmediato ante investigaciones.

Martha Alicia fue identificada como esposa y socia comercial

La OFAC también incluyó a Martha Alicia, a quien identificó como integrante del CJNG y esposa de Roberto J.A. Ambos controlaban de manera conjunta Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.

J. por su parte, aparecía además al frente de Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V. y de la constructora Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V. En ese bloque, la participación de ella fue descrita a partir de la propiedad y control de empresas que, de acuerdo con las sanciones, habrían servido de soporte patrimonial a la organización.

Liliana y los hijos de El Cachas quedaron ligados a empresas familiares

Otra historia señalada fue la de Liliana, identificada como la esposa más reciente de Gerardo Botello Rodríguez, alias “El Cachas”, miembro de alto rango del CJNG. La OFAC la designó junto con los hijos de Botello: Jesús David Botello Ortiz, Edgar Gerardo Botello Ortiz y Ricardo Botello Ortiz.

Cisneros Tapia figuró como secretaria del órgano de supervisión de Green Agropacific. Jesús David Botello Ortiz y Edgar Gerardo Botello Ortiz aparecieron, respectivamente, como secretario y tesorero del consejo de administración de esa empresa, de la cual los cuatro eran copropietarios.

Ricardo Botello Ortiz fue ubicado como tesorero del consejo de administración de Rancho San Miguel Los Tres Hermanos. Las autoridades también relacionaron a la familia con Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa dedicada a la venta de calzado infantil, además de una compañía de seguridad privada y otra de tequila y agave.

Alma Laura fue señalada junto con su esposo en logística y robo de combustible

En otra rama del CJNG, Alma Laura fue identificada como operativa en actividades vinculadas al tráfico de fentanilo y al robo de combustible. La acusación administrativa sostuvo que, junto con su esposo José Mora León, era dueña de una empresa de logística dedicada a desviar fentanilo líquido al cártel.

Mena también fue relacionada con la extracción y robo de gasolina en una zona bajo control del CJNG. Ambos controlaban Strong Energy S.A. de C.V., dedicada a la extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic S.A. de C.V., enfocada en logística.

Su caso mostró otro perfil femenino dentro de la estructura: no el de familiar usada como prestanombres, sino el de una presunta participante directa en operaciones que combinaban combustibles y narcóticos. Esa mezcla fue descrita por las autoridades como parte de las fuentes alternas de ingresos del cártel.

Teresa de Jesús y una abogada de Puerto Vallarta aparecieron en el fraude turístico

Además de las grandes redes patrimoniales, las sanciones alcanzaron a tres mexicanos por su presunta intervención en fraudes de tiempos compartidos del CJNG: Teresa de Jesús, Manuel Alejandro Foubert Cadena y Gabriel del Villa Contreras. Los tres operaban en Puerto Vallarta.

Se indicó que habría participado en este tipo de fraude durante 15 años. En el caso de Del Villa Contreras, fue descrita como abogada dedicada al cobro de deudas y a fraudes inmobiliarios en representación del CJNG.

Las autoridades estadounidenses advirtieron que estos engaños también incluían el uso indebido del nombre de agencias del gobierno para parecer legítimos. En algunos casos, los delincuentes llamaban a víctimas y se hacían pasar por agentes de la OFAC para exigir pagos a cambio de liberar fondos supuestamente bloqueados.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, exesposa de Gerardo González Valencia, líder del grupo criminal “Los Cuinis”, se declaró culpable de violar las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), al pagar más de 504 mil dólares para que su hijo estudiara en la IMG Academy.

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo

En un comunicado, la institución indicó que Amaral Arévalo enfrentaba sanciones desde 2015, por colaborar con las actividades internacionales de narcotráfico de “Los Cuinis”, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que González Valencia, exesposo de Wendy, es cuñado del extinto líder de dicho cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“A pesar de la designación de la OFAC, que le prohibía realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense, Amaral Arévalo firmó contratos con IMG Academy para la asistencia de su hijo a la escuela y gestionó el pago de la matrícula por un total de 504 mil 497 dólares”, se lee en el desplegado del Departamento de Justicia.

El gobierno de Estados Unidos había designado al CJNG como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Desde abril de 2015, la OFAC había sancionado a más de 250 personas y entidades vinculadas con el cártel, entre ellas altos mandos, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores, funcionarios corruptos, complejos turísticos, restaurantes, empresas inmobiliarias, agrícolas y compañías fantasma.