Rumbo al Poder Judicial: ONG’s identifican al menos 13 candidaturas con antecedentes ‘turbios’

El pasado 30 de marzo iniciaron las campañas judiciales rumbo a la elección del Poder Judicial del 1 de junio. En este contexto, el colectivo Defensorxs identificó al menos 13 candidaturas con antecedentes ligados al crimen organizado, violencia sexual, corrupción, negligencia institucional y vínculos con sectas político-religiosas.

A través de la plataforma “Justicia en la mira”, la organización documentó casos como el de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien busca un cargo como jueza penal local en Chihuahua.

De acuerdo con el informe, Delgado formó parte del equipo jurídico del líder del Cártel de Sinaloa en 2016, donde operaba como enlace directo en la revisión de amparos y el seguimiento de su situación jurídica.

Otro caso es el de Francisco Herrera Franco, aspirante a juez penal federal en Michoacán, señalado por mantener presuntos acuerdos con grupos del crimen organizado. Durante su paso como fiscal estatal entre 2020 y 2023, fue apodado el “fiscal del terror″ y está vinculado a las investigaciones por el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.

También se ha señalado a Fernando Escamilla Villarreal, aspirante a juez penal en el estado de Nuevo León, como abogado defensor de integrantes del grupo criminal Los Zetas, en particular de Miguel Ángel Treviño, alias “Z-40″, recientemente extraditado por México a Estados Unidos.

Además, Escamilla cuenta con antecedentes penales, pues hace tres años fue declarado culpable por el delito de portación ilegal de armas, con sentencia confirmada tanto en primera como en segunda instancia.

Jesús Humberto Padilla Briones, quien se postuló como candidato a juez penal en Nuevo León, fue detenido en julio de 2023 en Montemorelos tras una persecución. Durante su arresto, las autoridades le decomisaron un arma de fuego, 17 dosis de “cristal” y equipo electrónico. La detención dio pie a un proceso judicial por posesión de armas y drogas.

Por otro lado, Andrés Montoya García, quien aspira a convertirse en magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Sonora, se encuentra vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida en 2005. Montoya ha reconocido haberse reunido con Jiménez Mota poco antes de su desaparición. Además, su hermano fue señalado como presunto autor material del crimen y tenía supuestos vínculos con organizaciones criminales.

Los señalamientos también alcanzan a Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, quien enfrenta acusaciones por negligencia en su gestión como director del sistema penitenciario local. Se le responsabiliza por omisiones en el caso de Paula Josette, una joven que falleció durante una visita conyugal irregular en un centro de reclusión. La madre de la víctima, Briseia Arizona Velarde, criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por permitir su candidatura pese a los antecedentes públicos. Colectivos feministas de Sonora y familiares de la víctima acusan a Cangiamilla de encubrir un feminicidio.

Señalamientos por acoso y abuso sexual

Diversos aspirantes a cargos de magistrados han generado controversia debido a antecedentes de conductas indebidas que incluyen acusaciones graves de corrupción, abuso sexual y acoso laboral. Estos casos han sido destacados debido a las investigaciones y decisiones judiciales que han afectado sus trayectorias profesionales.

Francisco Martín Hernández Zaragoza, aspirante a magistrado en Jalisco, fue destituido de su cargo como juez en 2015, tras ser acusado de corrupción, lavado de dinero y abuso sexual. El Consejo de la Judicatura Federal ratificó su destitución y, en 2017, la Suprema Corte respaldó el fallo. Estas acusaciones graves han generado una fuerte polémica sobre su candidatura.

Por otro lado, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, quien busca una magistratura en la Ciudad de México, fue procesado en 2017 por abuso sexual agravado después de ser denunciado por una estudiante en una universidad de Derecho. Aunque fue vinculado a proceso, el caso fue cerrado tras recibir el perdón de la víctima. La resolución de este asunto sigue siendo objeto de debate.

Finalmente, Jacqueline Silva Betancourt, también aspirante a magistrada, fue suspendida por el Consejo de la Judicatura Federal debido a denuncias de acoso laboral. Se le acusó de obligar a un trabajador de su juzgado a firmar su renuncia bajo amenazas. Además, en diciembre de 2024, ya se había abierto una investigación por hostigamiento laboral en su contra.

ONG’s denuncian anomalías

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento —entre ellas Ni Una Más Hermosillo, Artículo 19, Fundar y México Evalúa— advirtieron que “no permitirán que perfiles con acusaciones graves se conviertan en jueces o magistrados”, y llamaron a las autoridades a garantizar la transparencia y pidieron una depuración en el nuevo proceso electoral judicial.

Estas elecciones, sin precedentes en México, derivan de una reforma constitucional promulgada en septiembre pasado, que permitirá a más de 97 millones de ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a 881 cargos judiciales federales, de entre más de 3 mil 400 candidaturas registradas.