Del total de establecimientos asegurados durante la Operación Atarraya, 233 ya han sido entregados a sus propietarios o locatarios, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
A través de un comunicado, la corporación dio a conocer que las acciones enmarcadas en este operativo han permitido identificar un total de mil 337 delitos cometidos en negocios que se ostentan como barberías entre el 1 de enero de 2022 y el 6 de febrero de 2025.
De los ilícitos relacionados con el funcionamiento de estos comercios, la Fiscalía acreditó 206 eventos de lesiones por arma de fuego o instrumento punzocortante, así como 196 denuncias por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Sumado a lo anterior, se han constatado 38 casos de homicidios y feminicidios, además de 25 eventos de secuestro, desaparición, trata de personas y privación de la libertad, en los que estas “barberías” fueron usadas para mantener cautivas a las víctimas.
La Operación Atarraya se desplegó inicialmente en 20 municipios del Estado de México para investigar un universo de tres mil 283 establecimientos por su posible relación con actos delictivos. Hasta la fecha, la Fiscalía confirmó que 817 barberías, bares y chelerías fueron intervenidos en atención a dichas indagatorias. Del total, 413 siguen bajo resguardo debido a que ninguna persona se ha presentado ante el agente del Ministerio Público para solicitar información o interés alguno.
Lo anterior, de acuerdo con la autoridad, “fortalece las hipótesis investigativas respecto al funcionamiento de este tipo de comercios relacionados con conductas constitutivas de delito o actividades de grupos criminales”.
Entre los casos de mayor impacto ocurridos en este tipo de comercios, la FGJEM destacó la ejecución de cinco personas en el bar ‘Bling Bling’ de Cuautitlán Izcalli el 26 noviembre de 2024, el asesinato de cuatro jóvenes en la barbería ‘Coacalco’ el 2 de septiembre de 2022 y la muerte de cuatro personas tras un ataque en el ‘Happy Bar Terraza’ de Ixtapaluca el 11 de abril de 2022.
A través de un boletín, la corporación aseguró que continúan en la integración de los expedientes que corresponden a estos casos, además de que se mantiene abierta la investigación por posibles prácticas ilícitas atribuidas a su propio personal durante los cateos.
Lo último, en referencia a una inspección efectuada el pasado 7 de febrero en un establecimiento en Santiago Miltepec, Toluca, cuando los agentes ministeriales fueron captados por una cámara de video en el momento en que, supuestamente, dejaron caer una dosis de droga para simular la presencia de narcóticos en el lugar.
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