El 13 de diciembre de 2024 comenzó la implementación del “Operativo Atarraya” en 27 municipios mexiquenses cuyo objetivo es intervenir establecimientos utilizados por grupos delictivos para el fomento, consumo o trasiego de sustancias ilícitas, así como para la realización de delitos relacionados con la trata de personas o la extorsión.
El procedimiento
Fue así que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó que en dicha estrategia participan coordinadamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Guardia Nacional (GN); Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil local.
Derivado de lo anterior, hasta el 12 de enero se tienen los siguientes resultados:
- Más 505 establecimientos asegurados, debido a su probable relación con grupos delictivos.
- Extensión de las acciones en 47 ayuntamientos de la entidad.
- Aseguramiento de múltiples dosis de droga y armas de fuego (sin especificar la cantidad o el tipo de sustancia).
- Detención de 10 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
- 149 establecimientos clausurados y 145 intervenidos.
Los yerros
Pese a los resultados obtenidos de dichos procedimientos, estos han sido sujeto de críticas luego de que en redes sociales se difundieron videos en donde agentes ministeriales “sembraron droga” en algunos establecimientos para justificar sus acciones, situación que causó indignación en la sociedad por recurrir a éste tipo de métodos para probar detenciones arbitrarias.
Es por ello que barberos y estilistas, el gremio más afectado por “Atarraya”, se manifestaron frente al Palacio del Gobierno estatal, en Toluca, para exigir justicia y la reapertura de sus negocios, ya que según los afectados, operan de manera legal, y permisos en regla. De igual modo solicitaron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para la resolución de sus exigencias.
Urge comparecencia
Por su parte, el diputado Jorge Jiménez del partido Movimiento Ciudadano (MC), solicitó al Pleno de la Legislatura del Estado de México, llamar a comparecer al fiscal José Luis Cervantes Martínez, para que explique los resultados de las labores que se vieron opacadas por las prácticas de “fabricar culpables para justificar sus acciones”, manifestó.
“El ‘Operativo Atarraya’ que se aplicó tuvo irregularidades, como los videos que circularon en medios y redes sociales donde se ve a funcionarios de una de las dependencias participantes, presuntamente ‘sembrando’ droga (...) Eso es inaudito, ello en vez de despertar esperanza y seguridad en la ciudadanía, solo enciende alertas de preocupación y pánico en las personas”, externó el legislador.
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