Como lo anunció la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Juana Bonilla, la Bancada Naranja en el Congreso Local exigió la comparecencia del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para que explique y responda los cuestionamientos en torno al “Operativo Atarraya”.
A través del diputado Jorge Jiménez, la Bancada Naranja expresó su rechazo a los métodos empleados en dicho operativo de seguridad, el cual se realizó en coordinación con autoridades estatales y federales para combatir el crimen organizado. Jiménez destacó que este tipo de estrategias generan más preocupación que certeza entre la ciudadanía mexiquense.
El legislador recordó que recientemente se llevaron a cabo diversos operativos, como el Operativo Enjambre, en el cual se detuvieron alcaldes, directores de seguridad y altos mandos municipales presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Cuestionan actuar durante cateos
Jiménez también hizo referencia a videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación, donde supuestamente se observa a funcionarios de una de las dependencias participantes “sembrando” droga durante los cateos del “Operativo Atarraya” para justificar la clausura de locales.
“Esto es inaudito. En lugar de generar seguridad y confianza, estos hechos encienden alertas de preocupación y pánico entre la población”, denunció el diputado.
Asimismo, añadió que dicho operativo es una estrategia reactiva, con serias limitaciones en transparencia, respeto a los derechos humanos y sostenibilidad.
Por igual, el diputado Jiménez cuestionó cuántos de los detenidos en el Operativo Atarraya enfrentarán cargos sólidos y procesos penales efectivos. En ese sentido, solicitó al Pleno de la Legislatura llamar a comparecer al fiscal general de Justicia del Estado de México para que explique lo sucedido y responda a estos cuestionamientos.
Por su parte, el diputado morenista Valentín Martínez Castillo, presentó un punto de acuerdo para exhortar a José Luis Cervantes Martínez, a que inicie los procedimientos administrativos correspondientes, para garantizar la correcta integración de las carpetas de investigación y que quienes cometen delitos sean sentenciados en apego al debido proceso.
Ya que hubo un caso donde cuatro presuntos delincuentes vinculados, con sentencia de 64 años, quedaron en libertad después de estar solo dos años en prisión.
Añadió que la liberación tiene que ver con la forma en la que se armaron las carpetas de investigación, por lo que hay indignación social, ya que se debe buscar que los sentenciados sean con el debido proceso.
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