El pasado 20 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional denominada de simplificación orgánica, misma que desaparece siete órganos constitucionales autónomos, pasando sus funciones a diversas secretarías u organismos de la Administración Pública.
Ya de entrada puede advertirse que, más que simplificación, la reforma implica un robustecimiento de la Administración, pues todos los recursos materiales y humanos de estos órganos autónomos pasan a la estructura del ejecutivo.
La justificación es que su existencia resultaba muy onerosa para el Estado, por lo que es preferible que sus funciones sean absorbidas por el ejecutivo y que el dinero que se ahorre con su desaparición pase al Fondo de pensiones para el bienestar.
Uno de los órganos eliminados es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI.
La reforma establece que sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (la antigua Secretaría de la Función Pública) en lo que respecta a la administración pública, pero a su vez, cada órgano o Poder del Estado, deberá implementar una estructura determinada para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales.
La reforma omite mencionar a los particulares obligados, aquellos que reciben recursos públicos o que manejan datos personales.
Por lo demás, la reforma tiene implicaciones a nivel local, pues manda a los Estados a homologar su normativa y su estructura administrativa, o sea a replicar la fórmula: desaparecer los órganos autónomos locales de protección de datos y acceso a la información y pasar sus facultades y obligaciones a los distintos poderes y órganos de las entidades federativas. En pocas palabras, se elimina todo el sistema nacional y los sistemas locales de transparencia y protección de datos.
Cualquier observador puede intuir que esta reforma implica una merma para el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Esto es así toda vez que el ejercicio de ambos derechos se materializa mediante la realización de conductas positivas por parte de lasautoridades estatales. Es decir, para que el titular del derecho acceda a determinada información pública, la autoridad correspondiente debe proporcionarla; para que los datos estén protegidos, los sujetos obligados deben tener una organización, una estructura y una infraestructura que garantice dicha protección.
Cuando estas obligaciones no eran cumplidas o no plenamente por las distintas autoridades estatales e incluso por particulares obligados, el desaparecido INAI y los órganos autónomos locales actuaban como entes revisores y podían incluso obligar a las autoridades correspondientes a satisfacer plenamente el ejercicio de estos derechos.
Al desaparecer al INAI y los órganos autónomos locales se deja al arbitrio de cada órgano o poder del Estado, ya federal o local, la forma y el alcance en la que satisfarán los derechos de acceso a la información y los datos personales sin necesidad de rendir cuentas ante un tercero, ni ser obligado por éste. Al eliminar al INAI, además, se lleva consigo la legitimidad activa que tenía para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones que atentasen contra los derechos en cuestión, facultad misma que fungía como un mecanismo abstracto de constitucionalidad y en última instancia, como mecanismo de contrapeso entre los poderes.
La vulneración de estos derechos tiene repercusiones significativas, tanto a nivel individual como colectivo.
En lo individual afecta la facultad de toda persona de acceder a la verdad, de tener conocimiento, de poder crearse su propia visión sobre las cosas y la realidad que lo rodea, de conocer sobre la cosa pública, de tener una opinión, de poder expresarse y en última instancia de poder tomar decisiones informadas.
En lo colectivo, se afecta a la sociedad y al modelo democrático, que parte de la premisa de una sociedad libre e informada; y es que mientras más información tenga la sociedad, ésta es más más crítica, más activa, más participativa y puede incluso premiar o castigar a sus representantes mediante el voto.
Si una sociedad informada es una sociedad libre y democrática, una sociedad que no lo está es un sociedad controlada y maleable…
José Juan Anzures Gurría es profesor Investigador Universidad Panamericana. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Facebook: Jose Juan Anzures
Linkedin: Jose Juan Anzures
X@anzuresgurria
Más Noticias
Encuesta posiciona a Lenia Batres como la ministra peor calificada de cara a la elección judicial
En la víspera de las próximas elecciones dentro del Poder Judicial de la Federación, los mexicanos no están convencidos con la elegida por la pasada administración
La Mañanera de hoy 19 de marzo | Tenemos un plan para fortalecer la economía ante los pronósticos de recesión por parte de las calificadoras: Sheinbaum
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre diversos temas y responde preguntas en su conferencia matutina diaria a partir de las 7:30 horas
Una carta misteriosa y la trama de espías soviéticos que envolvió los Juegos Olímpicos de 1968
Entre los documentos desclasificados del Gobierno de México esta registrado un memorándum que advertía sobre la llegada de agentes del servicio de inteligencia de la URSS al país hace casi 60 años
Operativo Shakira: anuncian fuerte dispositivo de seguridad para sus 7 conciertos en CDMX
Se desplegarán más de mil elementos de seguridad y siete binomios caninos para resguardar la integridad de los fanáticos de la estrella colombiana
Suman tres menores de edad sin vida tras masacre en Salamanca, Guanajuato; “Harfuch informará”, asegura Sheinbaum
El ataque perpetrado por un comando armado en la comunidad de San José de Mendoza suma en total ocho muertos
