Gobierno responsabiliza al Poder Judicial por casos de suicidio en el Cefereso 16 de Morelos

En una audiencia celebrada ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes del gobierno federal fueron señalados como responsables de los casos de suicidio ocurridos en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16, ubicado en Morelos. Entre los responsables se encuentran la Defensoría Federal, el Poder Judicial y el abandono de los familiares de las internas. Durante la audiencia, también se mencionaron al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad.

Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó que las mujeres del penal femenil carecen de una administración de justicia con perspectiva de género.

“Desde el Estado mexicano lamentamos profundamente los acontecimientos, pero reiteramos que no hemos sido ni omisos ni indolentes. Sostenemos que la atención ha sido permanente, profesional, asertiva y sensible. No podemos dejar de mencionar que esta problemática requiere la urgente intervención del Poder Judicial, ya que, hasta el día de hoy, las mujeres del Cefereso 16 carecen de una administración de justicia con perspectiva de género que les garantice una reclusión con propósito. Esta situación exige la participación activa de la Defensoría Pública Federal, dado que existen testimonios sobre el abandono de los casos, la falta de comunicación, lo que genera desesperanza al no conocer el estatus de los procesos, y la falta de promociones que garanticen su derecho a la justicia. Además, se denuncian sentencias desproporcionadas y sin perspectiva de género emitidas por jueces y magistrados del Poder Judicial”, señaló durante la audiencia.

Desde 2019 hasta la fecha, 19 mujeres privadas de su libertad en ese centro han perdido la vida. Familiares, organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de la Defensoría Pública han denunciado que las mujeres en este lugar carecen de acceso a servicios adecuados de salud, padecen de una alimentación deficiente, sufren castigos constantes, tienen pocas actividades recreativas y mantienen escaso contacto con sus familiares, quienes residen en otros estados.

Por su parte, Richard Urbina Vega, titular de la Unidad de Asuntos Legales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, aseguró que desde el primer fallecimiento se han realizado esfuerzos para identificar “los factores detonantes”. Entre estos factores mencionó: el abandono familiar, el traslado de las mujeres desde sus lugares de origen al Cefereso, el deterioro de su salud física y mental previo a su ingreso al centro, el impacto de la notificación de sentencias condenatorias y la falta de seguimiento por parte de sus defensores legales.

La declaración de Urbina Vega motivó la respuesta de Nayomi Aoyama González, coordinadora del programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, quien calificó de lamentable la postura del gobierno y señaló que los familiares no pueden visitar a las internas debido a que las trasladan lejos de sus lugares de residencia.

“Una familia de Tamaulipas, por ejemplo, tiene que pagar 10 mil pesos para viajar a visitarlas, y no disponen de ese dinero”, afirmó.