El reciente asesinato suscitado en la comunidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en contra del padre Marcelo Pérez, aunado a los últimos datos revelados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que ubicaron a la ciudad de Tapachula como la más insegura a nivel nacional, han puesto en evidencia la escalada de violencia que se vive en la entidad, derivada de dos grupos antagónicos que se disputan las operaciones delictivas en el territorio.
Al tratarse de una zona con límites fronterizos, el estado se ubica como foco de cárteles mexicanos dedicados al tráfico de personas, armas y narcóticos. La situación se agravó en 2021, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) llegó a ocupar zonas sureñas previamente controladas por el Cártel de Sinaloa, lo que significó un aumento en la violencia, de acuerdo con un análisis de InsightCrime.
Los delitos perpetrados por miembros de ambos grupos criminales comprenden extorsiones, ataques armados, desapariciones, lanzamientos de explosivos contra viviendas y bloqueos en carreteras, por mencionar algunos. Además, para mantenerse en la lucha, los cárteles han tomado a los habitantes como rehenes o los han reclutado forzosamente entre sus filas para colaborar en los ilícitos.
No obstante, el crimen organizado no se ha conformado con obligar a personas a participar en actos de violencia, sino que han integrado también a ciudadanos especializados en determinados oficios para que les auxilien en trabajos de plomería, electricidad, e incluso, como recaderos.
Debido a esto, el número de desplazamientos forzados se ha acrecentado y muchas familias han optado por abandonar sus hogares. Según datos revelados por InsightCrime, en julio de 2024 se registró que 580 ciudadanos mexicanos salieron de Amatenango de la Frontera para dirigirse a Guatemala.
“El incidente fue un raro ejemplo de migrantes de México que se desplazaron hacia Centroamérica para huir de los efectos de la violencia, y no al revés, como es habitual”, señaló.
Como parte de las estrategias para combatir al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la entidad, gobiernos de los países que comparten límites territoriales han puesto en marcha acciones en materia de seguridad. En varias ocasiones, el Ejército de Guatemala ha desplegado soldados a lo largo de los kilómetros que comprende la frontera. Por su parte, el gobierno mexicano ha llevado a cabo acciones similares.
Asimismo, en febrero se dio inicio a la Operación Cinturón de Fuego, realizada en el límite político internacional México-Guatemala. Según informó el Ejército, derivado de estas acciones, se logró la incautación de armas de fuego, drogas y dinero, así como la captura de delincuentes.
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