
El reciente asesinato de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo que llevaba menos de una semana en el cargo, evidenció la inseguridad a la que están expuestos los funcionarios municipales del país.
Meses antes, el 17 de junio, un comando armado atacó el autobús en el que viajaba Salvador Villalva Flores, alcalde electo de Copala, también en el estado de Guerrero. El capitán retirado de la Secretaría de Marina (Semar) murió al instante.
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En muchos casos, el crimen organizado utiliza la violencia para hacerse con el control de territorios que, por su importancia geográfica, benefician sus actividades ilícitas. Como ejemplos pueden enlistarse el puerto de Acapulco (Guerrero), Colima (Colima) o Lázaro Cárdenas (Michoacán).
Sin embargo, de acuerdo con un reciente reportaje del periodista Óscar Balderas, de Milenio, señala que habría un factor por el cual las organizaciones delictivas podrían interesarse en municipios con menos beneficios territoriales.
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Chilpancingo es un municipio de apenas dos mil 338 kilómetros cuadrados, una porción mínima de los 63 mil 595 km² que abarca todo el estado de Guerrero. La pobreza que persiste en la demarcación hace que un mercado de drogas resulte poco rentable, a lo que se suma su nula conexión con rutas migratorias.

Sin embargo, al ser la capital del estado, Chilpancingo tiene un gran peso político que se ve reflejado en los recursos que recibe del fondo presupuestal conocido como ‘Ramo 33′, debido al lugar que ocupa en la clasificación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
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Su nombre oficial es Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y, como su nombre lo indica, se refiere a una asignación de recursos con el objetivo de robustecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales.
El presupuesto otorgado bajo este concepto está contemplado para su uso en acciones que permitan atender las demandas en materia de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa para su población.
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Para definir la cantidad de dinero que se otorga a cada municipio, el gobierno estatal en turno se basa en una fórmula matemática que divide a la población municipal entre la población de la entidad. El resultado es multiplicado por el monto autorizado del Fortamun al estado para el año fiscal correspondiente.
Según lo establecido en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero en enero de 2024, Chilpancingo recibiría un total de 258 millones 47 mil 157 pesos a lo largo del año.
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Fuentes citadas por Óscar Balderas en su investigación señalan que existe una gran discrecionalidad para el ejercicio de los recursos del Ramo 33. Es decir, las autoridades municipales son quienes deciden de qué manera se utiliza ese dinero.
Ante esta situación, los grupos criminales suelen amedrentar a las y los alcaldes y su gabinete con el fin de quedarse con una parte del fondo económico. Un entrevistado anónimo, cuyo testimonio fue incluido en el reportaje, refiere que los jefes de estas organizaciones acostumbran citar a las y los presidentes municipales al inicio de su gestión para indicarles de qué manera administrar el dinero del Ramo 33, de forma que obtengan una ganancia. Negarse a estos acuerdos suele traducirse en violentas represalias en contra de los funcionarios.
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