En días pasados se dio a conocer que el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue liberado tras permanecer tres años en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, tras la determinación de una jueza federal.
El pasado sábado 10 de agosto, la periodista Lydia Cacho informó que la jueza Angélica del Carmen Ortuño Sánchez decidió que los delitos que se persiguen contra el exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ameritan prisión preventiva, por lo que podría seguir su proceso en libertad.
“En este momento estamos en audiencia, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez nos ha dicho que va a liberar a #MarioMarín que no amerita prisión preventiva por su delito de tortura y protección de redes de trata infantil”, explicó en su cuenta de X, antes Twitter.
De acuerdo a lo que informó Artículo 19, la jueza permitió que el exgobernador pagara una multa de 100 mil pesos, con lo cual se podrá resguardar en su casa.
Como lo mencionó la comunicadora, las investigaciones contra el exmandatario poblano iniciaron después de que publicó su libro Los demonios del Edén, en el cual relató casos de pornografía y prostitución infantil en México en donde estuvieron involucrados políticos, empresarios y otros personas relevantes de la sociedad nacional.
No obstante, la participación del expriista inició cuando, en 2005, el empresario Kamel Nacif Borge interpuso una denuncia en contra de Cacho por presunta difamación tras la investigación publicada; sin embargo, un año más tarde, La Jornada hizo pública una grabación donde el entonces gobernador era felicitado por detener a la periodista, de ahí se le comenzó a conocer como el gober precioso.
Esta revelación causó indignación en la sociedad mexicana, tanto que el Revolucionario Institucional desconoció a Marín Torres como militante, además de que se solicitó su renuncia como gobernador, pero éste nunca cedió; no obstante, la Cámara de Diputados solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo tribunal del país determinó que Mario Marín incurrió en violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al no respetar las garantías individuales —hoy conocidas como derechos humanos— de Lydia Cacho; sin embargo, el dictamen fue desestimado y el político continuó con su carrera.
Fue hasta abril de 2019 que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito, en Cancún, Quintana Roo, giró una orden de aprehensión contra el exgobernador por su presunta participación en el delito de tortura y abuso de autoridad, además, según comentó la comunicadora, protección de redes de trata. Marín Torres fue detenido el 3 de febrero de 2021 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Penas por los delitos
- Tortura
De acuerdo a lo que establece el articulo 16 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el servidor público que sea acusado de este delito se le podrá imponer prisión preventiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que la pena para este delito es de tres a 12 años de prisión, así como una multa de 200 a 500 días, además de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública.
- Abuso de autoridad
De acuerdo al artículo 125 del Código Penal Federal, se le impondrá entre uno a nueve años de prisión, así como de cincuenta a cuatros días de multa, además de destitución e inhabilitación de uno a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
- Protección de redes de trata
Con base en lo que establece el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, será sancionado con una pena de 15 a 30 años de prisión, así como de mil a 30 mil días de multa al que se beneficie de la explotación de una o más personas.
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