
Carlos Loret de Mola se defiende por la investigación en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la denuncia pública de los casos que esta institución no ha investigado en contra de allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador, servidores públicos de Morena, miembros del partidos oficialista o sus familiares.
El periodista Carlos Loret hizo un listado de los actores políticos que a su parecer también tendrían que ser investigados por la UIF por denuncia en su participación en actos ilícitos o irregularidades denunciadas, pero que aparentemente han pasado por alto por las dependencias de seguridad.
En su columna en El Universal, el periodista recordó que la UIF no ha investigado a Mario Delgado, dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el caso del Rey del Huachicol con el cual está involucrado; a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; ni contra Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas.
La Unidad “tampoco” ha investigado la presunta involucración del crimen organizado en las campañas de Morena en Guerrero, en particular a Félix Salgado Macedonio o a la gobernadora Evelyn Salgado, por la confesión de un líder criminal que confesó haber entregado recursos para sus campañas.

Sin embargo, la pasividad de la UIF aparentemente se extiende a quienes fungen cargos públicos y sus múltiples propiedades no reportadas, tal es el caso de Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, quien “escondió” un departamento en Estados Unidos “y no pasó nada”; mismo caso con Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones y Transportes. Las denuncias por el presunto enriquecimiento ilícito de Rocío Nahle, virtual gobernadora de Veracruz, que le ha permitido la compra de casas, terrenos y departamentos.
Asimismo, Manuel Bartlett, director general de la CFE, “por las 23 casas, sus 13 empresas ni los contratos a sus hijos”. Las supuestas irregularidades del edificio de Luisa María Alcalde en lo colonia Roma Sur, en la CDMX. El caso de Jenaro Villamil, encargado de despacho del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y la compra de antenas que no aparecen.
Otros actos de corrupción que han marcado la administración de López Obrador y que tampoco han sido investigados por la UIF, según Carlos Loret de Mola: El desfalco de 15 mil millones de pesos en Segalmex, cuando Ignacio Ovalle era el titular de la dependencia y sigue en el gobierno; el desvío de recursos de Ana Guevara, titular de la Conade, que han denunciado deportistas mexicanos.

“Nadie ha explicado la riqueza de Adán Augusto (exsecretario de Gobernación) ni de (Ricardo) Monreal. Ni las empresas fantasma que usó el vocero Jesús Ramírez para desviar dinero en la campaña. Ni los diezmos que cobraba Delfina (Gómez)”, escribe el periodista cuestionando la falta de indagatoria en delitos denunciados y documentos por periodistas, algunos de esos trabajos presentados en el portal Latinus.

Otros que se suman a la lista de que la justicia parece no alcanzarlos son: Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, quien ha sido señalada de presuntos vínculos con el crimen organizado por Jaime Bonilla; ni la aclaración de por qué Luis Crescencio Sandoval “se puede ir de vacaciones familiar con el presupuesto público”.
Por último, Carlos Loret de Mola revivió los escándalos de la relación entre los hijos de López Obrador, José Ramón López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, para la entrega de contratos para el desarrollo de obras públicas, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, Pemex, entre otros.

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