
Durante el tercer y último debate hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México llevado a cabo este domingo se encendieron los ánimos entre los candidatos, poniendo en el centro de la discusión el tema del desarrollo inmobiliario y urbano, en donde Santiago Taboada, candidato de la alianza Va por la CDMX, ventiló el supuesto Cártel Inmobiliario de Morena.
Desde el inicio de su participación, el abanderado del PAN, PRI, PRD, lanzó acusaciones contra Clara Brugada, representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, afirmando que el verdadero Cártel Inmobiliario, marcado por corrupción en construcciones, reside dentro de Morena.
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Taboada citó al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre decisiones que, a su parecer, habrían abierto la puerta a este tipo de prácticas desde su gestión como Jefe de Gobierno de la capital (2000-2005).
“Voy a iniciar mi intervención con las palabras del fundador del Cártel Inmobiliario: ‘Yo tomé la decisión, yo soy el responsable porque considero que eso le da sustentabilidad a la ciudad. No es culpa del delegado. Asumo toda la responsabilidad”. Clara, estoy citando a Andrés Manuel López Obrador en las escalinatas de la alcaldía Benito Juárez”, dijo Taboada.
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Con esta cita Santiago Taboada hizo referencia a la emisión del Bando 2, una medida que tuvo como objetivo principal regular la densidad en las construcciones para evitar el crecimiento desmedido y promover un desarrollo urbano ordenado, especialmente en áreas de la ciudad con servicios públicos limitados o en riesgo de ser sobrepasados por el aumento de población.
Posteriormente, el exalcalde de la Benito Juárez insinuó de nueva cuenta que Clara Brugada una casa a un precio irrisoriamente bajo, en el marco de un programa de ordenamiento territorial; “Yo no soy de la generación que les tocaron los terrenos baratos y las casas de 300 pesos”, subrayó.
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¿Quiénes formarían parte de la red?

De acuerdo con la información que reveló este domingo Santiago Taboada, el Cártel Inmobiliario de Morena está liderada por varias figuras relevantes de la Cuarta Transformación (4T). Este sería el esquema:
- AMLO: presidente de México y supuesto fundador del Cártel Inmobiliario de Morena.
- Clara Brugada: candidata del Cártel Inmobiliario de Morena por la jefatura de la CDMX.
- Víctor Romo: Coordinador de campaña del Cártel Inmobiliario.
- José Ramón Beltrán: Hijo de AMLO y supuesto líder del “Cártel del balazo”.
- Manuel Bartlett: titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y supuesto líder del “Cártel de los apagones”.
- Layda Sansores: Actual gobernadora de Campeche.
- Caty Monreal: Candidata a la alcaldía Cuauhtémoc.
- Evelyn Parra: Candidata a la alcaldía Venustiano Carranza.
- César Cravioto: Senador por Morena.
- Néstor Vargas: Concejero jurídico de la CDMX.
- Rocío Nahle: Candidata a la gubernatura de Veracruz.
- Luisa Alcalde: Actual titular de la Secretaría de Gobierno (Segob).
La casa de los 399 pesos
Cabe apuntar que desde el primer debate chilango Taboada Cortina lanzó una acusación contra Clara Brugada Molina relacionada con la adquisición de un inmueble. La denuncia de Taboada giró en torno a una propiedad que, según afirma, Brugada obtuvo por el monto de 339 pesos, marcando este evento como un presunto caso de corrupción.
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Taboada describió esta transacción como un “negociazo” y subrayó que la propiedad, de 152 metros cuadrados, no figuraba en la declaración oficial de la política morenista. La acusación buscaba poner en tela de juicio la integridad de Brugada, sugiriendo un aprovechamiento indebido de su posición política para beneficio personal.

Ante la gravedad de la acusación, Clara Brugada no tardó en responder a través de sus redes sociales y mediante un comunicado emitido un día después del debate. En su defensa, Brugada explicó que el valor real de su casa, ubicada en la alcaldía que anteriormente gobernó, Iztapalapa, asciende a 256 mil pesos de acuerdo con el valor catastral, cantidad que figura en su declaración patrimonial.
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Refutó las declaraciones de Taboada señalando que el precio de 339 pesos mencionado por el panista correspondía a un trámite de regularización de la tierra llevado a cabo ante la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), no al precio de compra de la propiedad.
La propiedad, adquirida en 1986 por un precio de 48 mil pesos, se sometió años después, específicamente en 1993, a un proceso de regularización por la Corett, institución ahora conocida como Instituto Nacional de Suelo Sustentable, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu). Dicha regularización fue parte de una práctica común para muchos terrenos en áreas periféricas de la capital donde, históricamente, han prevalecido tejidos ejidales, necesitados de regularización.
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