Cuáles podrían ser las sanciones contra la ministra Norma Piña en caso de fallo desfavorable por juicio político

El pasado martes 16 de abril, el ministro en retiro Arturo Zaldívar anunció que, con el apoyo de Morena, presentará un conjunto de querellas en contra de la ministra presidenta Norma Piña, a raíz de la investigación que inició por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando la funcionaria no está facultada legalmente.

Asimismo, ante el acumulado de presuntas anomalías cometidas, Zaldívar adelantó que solicitará un juicio político en contra de Norma Piña; no obstante, esto genera incertidumbres sobre la sanción que podría enfrentar la ministra y el procedimiento que esto implica.

Al respecto, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó de manera breve la historia del juicio político en el país, quiénes son los responsables de emitir una sentencia, cuáles son las consecuencias en caso de un veredicto adverso y cuántos de estos han sido finalizados.

¿Quiénes son los responsables de emitir una sentencia?

Según Francisco Burgoa, la petición de juicio político debe ser aprobada en la Cámara de Diputados para luego pasar al Senado de la República, donde se necesitan los votos de ⅔ partes para que proceda.

Sin embargo, señala que desde los 42 años de su vigencia, se han presentado un número considerable de querellas para iniciar juicios políticos contra funcionarios, dado que cualquier ciudadano “puede presentarla por escrito en contra de un funcionario de los mencionados en el artículo 110 constitucional”.

¿Cuáles son las consecuencias?

El catedrático en Derecho Constitucional mencionó que las posibles consecuencias que podría enfrentar un funcionario en caso de que el fallo sea adverso contra la persona señalada, podría ser la destitución de su puesto e inhabilitación por hasta 20 años.

“Las consecuencias de la resolución del juicio político consisten en la destitución del funcionario (si está en funciones) e inhabilitarlo por hasta 20 años”, detalló Francisco Burgoa.

Hasta la fecha, “ninguno” de los juicios políticos presentados ante el Congreso de la Unión ha sido concluido. El único caso que ha superado la Cámara de Diputados fue el de Rosario Robles, el 19 de marzo de 2020, pendiente de que se emita un dictamen en el Senado.

Juicio político como mecanismo de intimidación

Por último, Francisco Burgoa explicó que las acusaciones de juicio político son empleadas como un mecanismo “de venganza, intimidación, ataque o presión contra funcionarios”, descartando que su finalidad sea procurar justicia.

“Justamente eso ha sucedido con el juicio político: se ha empleado más como un mecanismo de venganza, intimidación, ataque o presión en contra de los funcionarios que Morena identifica como adversarios, pero no busca impartir justicia”, acusó.