Al grito de “¡voto de castigo!” y “traidora”, marchan por tercer día en Campeche contra Layda Sansores y titular de la SSP

En Campeche, una nueva ola de protestas sacudió las calles exigiendo la destitución de Marcela Muñoz como Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y “voto de castigo” al gobierno de la morenista Layda Sansores. Esta manifestación, que congregó a más de ocho mil personas según estimaciones, marcó la continuación de una huelga que mantiene a la Policía Estatal en paro desde hace más de una semana.

La protesta inició cerca de las 17:00 horas de este domingo en el monumento al asta bandera del malecón de la ciudad, desplazándose luego hacia la Plaza de la República, lugar emblemático por su asociación con el inicio de la resistencia civil de Layda Sansores en 1997.

Los manifestantes, entre los que se encontraban familiares de los policías y ciudadanos en apoyo, exigieron la renuncia de Muñoz Martínez con diversas consignas como “fuera Marcela” y “somos pueblo, no partido”; así como la renuncia de la gobernadora Layda Sansores al grito de “traidora” y “El pueblo pone y el pueblo quita. Además, subrayaron que la destitución de la secretaria de Seguridad Pública es una cuestión de justicia y no un capricho, como lo ha asegurado la mandataria.

Durante el recorrido, los participantes entonaron el Himno Nacional y el himno campechano, al tiempo que señalaron que la SSP se ha convertido en un foco de corrupción, ineptitud y nepotismo.

¿Por qué se originó el conflicto?

Las protestas en Campeche contra la gobernadora y la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana se originan tras un violento motín en el penal de Kobén, que resultó en más de 30 agentes heridos. La crisis se agudizó cuando, pese a las demandas de destitución por parte de los policías estatales afectados, la gobernadora ratificó en su cargo a Muñoz Martínez. Esta decisión provocó que los agentes de seguridad iniciaran una huelga.

La situación se complicó aún más con las acusaciones de Sansores hacia partidos de oposición, de alimentar las protestas para desestabilizar políticamente a la entidad. Además, la advertencia de la gobernadora sobre las posibles consecuencias legales para los policías que persistan en el motín y el sabotaje, como penas de hasta 12 años de cárcel, se suma a los agravios que motivan la protesta.

El motín en el penal de Kobén expuso la vulnerabilidad y los peligros a los que se enfrentan los agentes, en este caso un escuadrón de mujeres, quienes denunciaron haber sido agredidas física y sexualmente por los reos y criticaron la falta de equipamiento adecuado para manejar la situación. La demanda de renuncia se extendió también al director de la corporación, Antonio Sardán Solís, por su presunta negligencia en el manejo de la crisis.

Piden desaparición de poderes

En el Senado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la mano de Cecilia Sánchez García anunció que su bancada solicitará un proceso de desaparición de poderes en Campeche, argumentando un estado de ingobernabilidad bajo la administración de la gobernadora Layda Sansores San Román.

La senadora rechazó las acusaciones de que los partidos de oposición financiaron las protestas, asegurando que ni PRI, PAN, PRD, ni Movimiento Ciudadano (MC) tuvieron participación y criticó a la gobernadora por intentar desviar la atención de su mala gestión.

Por su parte Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, expresó su solidaridad con las agentes de policía de Campeche que fueron agredidas y abusadas sexualmente durante un motín en el penal de Koben.

Criticó la decisión de la Secretaría de Seguridad Pública de enviar a las policías a controlar el motín sin el equipo necesario ni condiciones de seguridad adecuadas.

Además, enfatizó que la violencia en Campeche ha aumentado, contrastando con su previa reputación como el estado más seguro del país. Gálvez atribuyó esta situación a lo que describe como la continuidad de la gestión actual a nivel federal, criticando el abandono de los ciudadanos y la falta de apoyo efectivo a la policía frente a la criminalidad.