
La fiscal general del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, advirtió a la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, que no podrá removerla del cargo porque se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales.
En un comunicado, Valdovinos Salmerón detalló que aunque respeta lo anunciado por la gobernadora guerrerense, “no debe pasar desapercibido que para mí remoción del cargo, se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que para tal efecto se han establecido, los cuales me permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa”.
Valdovinos Salmerón aseguró que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del estado para transparentar el actuar del organismo autónomo en las investigaciones de la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta a manos de la policía estatal.
“La Fiscalía General del Estado que encabezo, continuará desempeñando la función constitucional de investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad”, se lee en el comunicado emitido horas después de que la gobernadora de Guerrero anunciara que aceptó las renuncias del secretario de Gobierno, Ludwig Marcial; y el de Seguridad, Rolando Solando, ante el asesinato del normalista de Ayotzinapa ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.

“En un ejercicio de responsabilidad moral y coadyubando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, Mtro. Ludwig Marcial Reynoso Núñez; y del secretario de seguridad pública, Rolando Solando Rivera”, detalló Salgado en conferencia de prensa donde aseguró que su Administración colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) para dar encontrar justicia en el caso del homicidio del normalista.
En esa misma conferencia, Evelyn Salgado informó “que con base en mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón su remoción de fiscal del estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente, al tiempo de dar vista el Poder Legislativo estatal”.
En esta semana se dio a conocer que el policía estatal señalado como el responsable de accionar su arma contra el estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se dio a la fuga luego de pedir permiso para ir a la tienda. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el oficial se escapó de las autoridades, por lo que pidió a la FGR que atrajera el caso, organismo autónomo que accedió.
“Se ha estado en contacto con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para obtener la información de la carpeta de investigación del fuero común respecto a este caso, y en vista de que el Ministerio Público de la Federación tiene indicios suficientes sobre delitos de violación a los derechos humanos, se ha procedido a atraer la investigación local para asumir la competencia federal de manera total en este asunto”, señaló el Ministerio Público de la Federación (MPF).

Ante el anuncio de la fuga del policía, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa atacó con petardos las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero. Por estos hechos se reportó que cuatro elementos sufrieron heridas durante los actos de protesta que involucraron el uso de explosivos caseros, al tiempo que se quemaron once vehículos que estaban estacionados.
En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se deslindaron de la fuga de un policía implicado en el homicidio de un joven. El organismo autónomo aclaró que no tenía bajo su custodia a ninguno de los tres agentes involucrados en el incidente, argumentando la falta de competencia para llevar a cabo arrestos administrativos.
Por su parte, la SSP argumentó que no tenía responsabilidad por la evasión del policía, insistiendo en que la custodia y procedimientos legales correspondían a las autoridades judiciales. El 13 de marzo, los dos oficiales se entregaron a la FGR, mientras que se sigue en búsqueda del policía que se fugó.
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