Policía de Nuevo León fue asesinada tras participar en marcha del 8M; su esposo es el principal sospechoso

La tarde del 8 de marzo, Ana Karina Franco López formó parte del cuerpo policiaco de la Fuerza Civil de Nuevo León que se asignó para resguardar las instalaciones del Palacio de Gobierno en la Explanada de los Héroes.

Un día después, Ana Karina fue localizada inconsciente afuera de su casa, en la colonia Valle de Lincoln, con una herida de bala en la cabeza, acorde con los primeros reportes.

Su fallecimiento fue confirmado durante la noche del 10 de marzo por Gerardo Palacios, secretario de Seguridad estatal, a través de redes sociales.

“Fuerza Civil ha presentado al sospechoso de su muerte ante la Fiscalía y colabora con el ministerio público para que se haga justicia”, externó el funcionario mediante un breve comunicado.

Aunque Palacios no brindó detalles respecto a la identidad del detenido, versiones extraoficiales difundidas en la prensa local refieren que se trataría de la pareja sentimental de Ana Karina, quien también trabajaba como policía de Fuerza Civil.

El sábado 9 de marzo, la agente estaba en su día de descanso al interior de su casa. Según los informes preliminares, su esposo llegó al inmueble alrededor de las siete de la noche y, luego de una discusión por motivos desconocidos, habría atacado a Ana.

Después del aparente asesinato, él habría escapado del lugar, mientras que algunos vecinos solicitaron la presencia de los servicios de emergencia luego de escuchar las detonaciones.

Elementos rescatistas y paramédicos trataron de estabilizarla y la trasladaron al Hospital Universitario, pues al momento de su localización aún contaba con signos vitales. Sin embargo, falleció poco después de haber ingresado a urgencias.

Detalles compartidos por el periodista Víctor Badillo revelan que Ana Karina ya había denunciado en múltiples ocasiones a su esposo ante el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de la Fiscalía estatal por sus actitudes violentas.

No obstante, ambas dependencias (Fiscalía y Fuerza Civil) habrían llegado a un acuerdo no escrito que le restó importante a la denuncia, pues se presume que Ana no habría recibido medidas de protección.

Hasta la mañana del 11 de marzo, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento que brinde más información respecto a la identidad del sospechoso ni a las previas denuncias existentes en su contra.