Dos opciones liberales: la importancia de las instituciones

La próxima elección presidencial en México destaca una diferencia fundamental entre las dos principales candidatas, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Sheinbaum se alinea, al menos discursivamente, con la preferencia del presidente actual por un control ejecutivo centralizado, mientras que Gálvez defiende más la autonomía del marco institucional mexicano.

Ambas candidatas presentan sus visiones como cruciales para fortalecer la incipiente democracia mexicana, y ambas, las entienden como planteamientos “liberales”. En términos simplificados, no es necesariamente equivocado decir que, efectivamente, de cierta manera, las dos propuestas podrían catalogarse como liberales: la dupla Sheinbaum- AMLO podría, en todo caso, caracterizarse como un liberalismo Rousseauniano-francés, mientras que la postura de Gálvez refleja una perspectiva más Montesquieuniana-estadounidense.

A grandes rasgos, la visión Rousseaniana, puede decirse que favorece una idea de soberanía nacional unitaria, que presuntamente nace de la legitimidad que da lo que Rousseau denominaba “la voluntad general”; esta idea prevaleció durante la Revolución Francesa, motivando la visión de estado liberal que se buscó establecer durante los años posteriores.

Y, por otro lado, Montesquieu –y después alguien como Alexis de Tocqueville– veían que un estado en donde la libertad fuera posible, sería aquél, más bien, en donde el poder estuviera dividido, y donde las instituciones intermedias mantuvieran un protagonismo clave. Esta postura pluralista, puede decirse que fue la que terminó triunfando durante el proceso de diseño constitucional estadounidense. Sobre ello, Tocqueville elaboraría que la soberanía entendida como “voluntad general”, y no tanto como capacidad de autogobierno, devendría en una centralización administrativa que podría fácilmente degenerar en lo que él llamaba “la tiranía de la mayoría”.

Esta diferencia teórica –o ideológica si se quiere– tiene implicaciones importantes: ¿debería México priorizar la centralización administrativa para un gobierno efectivo, o enfatizar la autonomía de instituciones como la Corte Suprema y el Banco central para fortalecer el estado de derecho?

En la opinión de AMLO, mentor muy popular de Sheinbaum, los esfuerzos por consolidar la autonomía de diversas instituciones gubernamentales fueron el resultado de una perspectiva neoliberal. La “era neoliberal”, como él la llama, que comenzó en 1994 con la firma del TLC, sólo benefició a una élite corrupta cuyos intereses son promovidos por instancias que, en su opinión, en realidad no le rinden cuentas al “pueblo bueno”.

Después de dos campañas presidenciales infructuosas, López Obrador finalmente inició su agenda transformadora en 2018, la cual prometía poner primero a los pobres. Su campaña contra lo que percibe como la corrupción neoliberal y conservadora, ha implicado fuertes críticas a instituciones como el INE y a la Suprema Corte, a las que ve como indebidamente privilegiadas. Aunque sus esfuerzos de reforma más ambiciosos en estas áreas aún no se han materializado debido a la falta de apoyo legislativo, esto no ha sido por falta de intentos.

Recientemente, el presidente presentó al Congreso un paquete de 20 reformas, proponiendo cambios significativos en la Constitución, incluida la elección directa de jueces, magistrados y jueces por voto popular, y la disolución potencial del INAI, responsable de la transparencia gubernamental. Es innegable que la corrupción persistió durante la llamada era neoliberal, alcanzando niveles alarmantes. El mandato del expresidente Peña Nieto terminó con índices de aprobación históricamente bajos, atribuidos en gran medida a percepciones generalizadas de corrupción dentro de su administración.

No obstante, sería inexacto sugerir que no se ha progresado desde la transición democrática en 2000. Se han logrado avances significativos en términos de desarrollo económico y procesos electorales. La victoria electoral de López Obrador en 2018 es evidencia de este progreso en materia electoral, por ejemplo.

El presidente López Obrador forma parte de una reciente ola de políticos que han construido sus discursos sobre la desconfianza en el statu quo institucional. Como señala Francis Fukuyama en su último libro, las políticas neoliberales que impulsaban, por ejemplo, la desregulación de los mercados, a menudo se llevaron al extremo, dando lugar al aumento de los ingresos totales, pero también a un gran crecimiento de la desigualdad. Cuando se añaden niveles masivos de corrupción y violencia delictiva a la ecuación, las propuestas que supuestamente dan más poder al pueblo y que buscan cambiar radicalmente la forma en que se gobierna, se vuelven muy atractivas.

Xóchitl Gálvez, por otro lado, ha dejado claro que, para lograr un México más seguro, menos corrupto y más justo, se necesita más autonomía institucional y mayor experiencia técnica. En su opinión, el esfuerzo de AMLO por aumentar las prerrogativas del ejecutivo en el ejercicio administrativo sólo ha contribuido a reemplazar a una élite corrupta con otra.

Según Xóchitl, el hecho de que, por ejemplo, durante este sexenio, se haya confiado al ejército la construcción de los proyectos más grandes del presidente, ha llevado a una menor rendición de cuentas, a una mayor corrupción y a que, en este caso, a que las fuerzas del orden hayan puesto menos atención en el combate al crimen organizado.

Como líder de una coalición de los tres principales partidos de oposición, la propuesta liberal de Xóchitl es consolidar la autonomía de instituciones como la Suprema Corte, para asegurar lo que ahora se ha convertido en la tríada principal de su campaña: vida, libertad y seguridad.

Samuel Huntington afirmó famosamente que la principal diferencia política entre las naciones no radica en su estructura gubernamental, sino en el nivel de gobernabilidad que demuestran. Este último depende en gran medida del grado de legitimidad que el sistema político tiene entre sus constituyentes. Instituciones fuertes, adaptables y coherentes son cruciales para garantizar la gobernabilidad.

Los países en desarrollo como México han tenido históricamente dificultades para establecer instituciones políticas eficientes. Si bien diversos factores internos han obstaculizado sin duda esta consolidación, una parte significativa del problema radica en la idea equivocada de que la construcción institucional es un proceso rápido y sencillo. Por lo tanto, a menudo existe la tentación de abogar por soluciones radicales “desde arriba”.

Sin embargo, un aparato institucional eficiente es esencial para fortalecer la legitimidad del sistema político a largo plazo. Esta eficiencia y coherencia se logran, a menudo, definiendo y limitando la esfera de influencia de cada institución. Continuar favoreciendo la autonomía institucional, por tanto, es esencial para el establecimiento y mantenimiento de un orden político eficiente y estable; y uno en donde la gente pueda ser genuinamente más libre, al mantener el poder central más difuso.

A medida que México se acerca a las elecciones de 2024, los votantes enfrentan una elección crucial entre un enfoque que coloca en exceso la confianza en el poder ejecutivo y otro que prioriza el fortalecimiento gradual, a veces lento, de los marcos institucionales. La primera presidenta mujer dará forma a la trayectoria democrática de México en las próximas décadas y determinará su capacidad para abordar eficazmente los desafíos en curso.

Abraham Martínez es Doctor en Derecho por la UNAM. Es también Maestro en Teoría Política y Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Toronto. Actualmente es Profesor-Investigador de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Además de las clases que imparte, sus líneas de investigación giran en torno al pensamiento político moderno, concretamente aquello que tiene que ver con el liberalismo y algunas de sus principales problemáticas contemporáneas.

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