El Gobierno de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 31 de enero, tras descubrir una extracción ilegal de datos de periodistas relacionados con el Sistema de Acreditaciones de la Presidencia.
La Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) ha estado involucrada en monitorear el caso desde que se detectó la vulneración el 26 de enero.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) apuntó que la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación (MPF) es contra quienes resulten responsables tras la sustracción de los datos.
El pasado 29 de enero, la Segob detalló en conferencia de prensa que este ataque cibernético, que resultó en la divulgación de datos de periodistas, se originó en España.
Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, subrayó que el incidente no implicó una vulenración directa a la base de datos, sino un acceso ilegal a un archico con información parcial de la Fuente de Presidencia.
Apuntó que se tomó acción conforme al Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, lo que llevó a la intervención de la Guardia Nacional para cerrar el acceso al sitio afectado.
Las autoridades también notificaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sobre este suceso.
Se informó que se implementaron medidas inmediatas tras este ataque, incluyendo el cierre de accesos vulnerados y la asistencia a los comunicadores afectados a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, que se ha puesto a disposición de los periodistas para su protección legal y física, lo que demuestra la gravedad con que se está tomando el incidente.
A partir del descubrimiento inicial, el Gobierno evidenció su proceder mediante la comunicación de los sucesos a los medios, la instalación de un módulo de orientación en el Palacio Nacional y la protección activa de los afectados, incluyendo el seguimiento de 36 periodistas ya incorporados al mecanismo de protección.
“Se recibió la solicitud de la entrevista de ocho periodistas para su incorporación al mecanismo. A lo anterior se suma el acompañamiento a 26 personas periodistas que requirieron apoyo para iniciar una denuncia penal”, informó la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde.
Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, enfatizó el compromiso gubernamental con la seguridad de los profesionales de la comunicación.
Este caso ha subrayado la importancia de la seguridad de los datos y la protección a periodistas dentro del contexto mexicano, reflejando acciones concretas por parte de las autoridades para prevenir futuras vulneraciones y sancionar a los responsables de acuerdo con la normativa vigente.
La atención gubernamental hacia este incidente es un recordatorio de los riesgos que enfrentan los periodistas y el deber estatal de proteger sus derechos fundamentales.
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