Guardia Nacional y funcionarios visitan a niños armados de Guerrero que se vieron orillados a ‘luchar’ contra la inseguridad

La Guardia Nacional realizó una inesperada visita a la localidad de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero debido a una cancelación de último minuto de un evento oficial organizado por representantes del gobierno estatal. Esta aparición ocurre en un contexto delicado, tras la controversia desatada el pasado 24 de enero, cuando 20 menores de edad fueron presentados portando armas como parte de las fuerzas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

La misión de la Guardia Nacional consistió en proveer seguridad para un convoy de funcionarios estatales, quienes tenían programado un acto de entrega de despensas en la comunidad, de acuerdo con El Universal. Sin embargo, el evento fue suspendido por las autoridades locales, quienes en su lugar exigieron soluciones en torno a la desaparición de cuatro miembros de una familia de Ayahualtempa, perdidos desde mediados de enero. Este desacuerdo provocó el retiro de los funcionarios y de la prensa que los acompañaba, así como el de los agentes federales.

El caso de niños policía es corrupción de menores: FGE

En el controversial evento del 24 de enero, Luis Morales Rojas, un miembro del consejo de la policía comunitaria de Ayahualtempa, justificó la inclusión de menores en sus filas como una medida desesperada ante la inacción de las autoridades para resolver el caso de las personas desaparecidas. En respuesta, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la apertura de una investigación por corrupción de menores contra los integrantes de la CRAC involucrados, con el objetivo de garantizar la protección de la integridad física y emocional de los niños, en concordancia con la Declaración de los Derechos del Niño.

Hasta el momento, la respuesta de las autoridades respecto a la búsqueda de los desaparecidos ha sido poco clara, lo que ha intensificado la tensión entre los pobladores de Ayahualtempa y el gobierno estatal. Este caso refleja la complejidad de la situación de seguridad en algunas regiones de México, donde las comunidades se ven forzadas a tomar medidas extremas frente a la violencia y la inseguridad.