Por la mañana del 29 de enero, la Fiscalía de San Luis Potosí efectuó una serie de detenciones relacionadas con lo que el gobierno estatal ha llamado el “fraude del siglo”.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal José Luis Ruiz Contreras explicó que entre las personas capturadas se encuentran extrabajadores de la Dirección General de Pensiones, incluido su exdirector de Préstamos y Tesorería, Ricardo “N”.
Las otras personas contra las que se cumplieron órdenes de aprehensión fueron identificadas como Ana Lilia “N”, Manuel “N”, Juana Patricia “N”, Ana Paola “N”, Neftalí “N” y Arturo “N”. Este último, según las autoridades, fungía como gerente y representante legal de una institución bancaria.
¿Cuál fue el modus operandi de esta red?
Las investigaciones apuntan que el desfalco fue orquestado por el personal de la Dirección General de Pensiones a través de la apertura irregular de cuentas bancarias.
Aunque la dependencia tiene la facultad de crear sólo cuatro cuentas de este tipo, se detectó la existencia de al menos 60 en un solo banco.
El dinero que se movía a través de esta institución provenía de las retenciones que se les hacían a los derechohabientes para el beneficio de préstamos hipotecarios. La Dirección de Pensiones estaba facultada para manejar dichos recursos, pero los montos eran depositados a cuentas externas de particulares.
Ricardo “N”, quien era el encargado de la Tesorería de esta dependencia desde 2009, fue ubicado como uno de los actores principales en esta red de desvío de fondos. A él lo detuvieron en su casa dentro del exclusivo fraccionamiento Las Haciendas de la capital potosina.
Las denuncias por esta sustracción de fondos llegaron a la Fiscalía en noviembre de 2023. Acorde con el desarrollo de las indagatorias, se ha podido verificar un desvío de 200 millones de pesos que podría ascender hasta los 700 mdp.
De este monto, añadió el fiscal, hubo una empresa denominada Trapesa que recibió más de 153 millones de pesos y en la cual trabajaban algunos miembros de la dependencia que también fueron detenidos por los delitos de ejercicio ilícito de las funciones públicas y peculado.
Al ejecutar las órdenes de cateo en contra de las personas mencionadas, la Fiscalía aseguró múltiples vehículos de alta gama que, aparentemente, habrían sido adquiridos gracias a este esquema.
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