
En el año 2011, cuando el Cártel de Sinaloa ya se perfilaba como una de las organizaciones criminales de mayor relevancia en el país, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán trató de blindarse a sí mismo y a su gente a través de un pacto con autoridades del más alto nivel.
Según expedientes consultados por el medio Reforma, el 3 de noviembre de ese año el Ejército recibió una denuncia en la que quedaron expuestos los nexos del general brigadier Juan Manuel Barragán Espinosa con miembros de ese grupo delictivo.
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Las investigaciones señalaron que Barragán se había ofrecido como intermediario para concertar reuniones entre ‘El Chapo’ y funcionarios del gabinete de Seguridad Pública, como Marisela Morales Ibáñez —procuradora general de la República— , Genaro Robles —subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa— y Guillermo Galván Galván —secretario de la Defensa Nacional—.
A cambio de orquestar los encuentros, el militar pidió una tajada de 10 millones de dólares y dos relojes de oro. Además, pretendía entregarle a Galván un reloj marca Rolex —con un valor aproximado de 13 mil dólares— que tuviera su nombre grabado en la parte posterior. Sumado a ello, la oferta para el titular de la Sedena era de 140 millones de dólares a cambio de protección para el cártel.
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En el expediente de la entonces PGR quedó asentado que Humberto Guerrero Murguía y Aarón López Rubio —militar infiltrado— fungieron como supuestos enviados del ‘Chapo’ y se reunieron con Barragán en su oficina de Lomas de Sotelo, así como en el Sanborns de Plaza Carso a finales de diciembre de 2011.
Presumiblemente, una de esas reuniones fue grabada para enviársela a Guzmán Loera como prueba. Aunque Barragán no se ve en el video, es posible escuchar su voz, según citó Reforma.
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Los presuntos emisarios del Cártel de Sinaloa nunca pudieron reunirse con el secretario de la Defensa porque, en palabras de Barragán, su agenda no lo permitía.
Finalmente, el general brigadier fue detenido en enero de 2012 y sentenciado a 15 años de cárcel por su participación en delitos contra la salud. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 15 en Villa Comaltitlán, Chiapas.
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En octubre de 2023, el periodista Abel Barajas dio a conocer que el general interpuso un amparo en el que solicitó que las declaraciones de Guerrero Murguía y López Rubio quedaran anuladas por posibles irregularidades en sus actos.
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