“C5 narco”: dónde y cómo operan los centros de monitoreo del crimen organizado en México

En la última década las autoridades han detectado en prácticamente todo el país centros de monitoreo de videovigilancia operados por el narco.

Del mismo modo que las autoridades vigilan las grandes ciudades del país con las cámaras del C5, el narco monitorea los pueblos y zonas urbanas remotas con cámaras instaldas en postes de luz, teléfonos y alumbrado públicos.

El hallazgo más reciente se produjo este lunes 2 de octubre, cuando agentes estatales y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que perseguían a un grupo de civiles armados en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, descubrieron tres casas de seguridad en las que había nueve pantallas con imágenes de diferentes puntos del municipio.

A través de este cuarto de control, el narco monitoreaba los accesos a Teocalitche, las zonas más concurridas, los movimientos de la policía y el Ejército, e incluso los desplazamientos de convoyes de grupos rivales.

El naroc lleva ya tiempo implementándo esta estrategia de vigilancia permanente. El procedimiento consiste en instalar cámaras en negocios y casas particulares. En algunos casos, se ha registrado que incluso los criminales pagan a los propietarios de los inmuebles donde instalan las cámaras una renta mensual. En otras ocasiones ellos mismos las instalan en la vía pública.

A finales del pasado mes de junio, fue ejecutada en Tecate, Baja California, la subcomandante de la Policía Municipal, Alejandra Hernández Villa, cuando se encontraba junto a una bomba despachadora de gasolina. Los sicarios tenían los rostros cubiertos con pasamontañas y más tarde le prendieron fuego al vehículo utilizado en la ejecución.

Según reportes de Zeta Tijuana, personal de la Mesa para la Construcción de Paz en Tecate recibió de manera anónima las imágenes del momento del asesinato.

Lo particular del caso es que el material gráfico no había sido extraído de las cámaras oficiales, sino que fue sacado del celular de un hombre asesinado que presuntamente era miembro del Cártel de Sinaloa.

Después se descubrió que en esa ciudad estaban operando más de 100 cámaras instaladas en domicilios particulares por el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa apodado “El Siete”.

Según la información de Zeta, eran operadas desde un centro de mando y desde “aplicaciones instaladas en los celulares” de “los principales operadores del grupo criminal”.

Sin embargo, las autoridades solo pudieron desmontar 13 de estas cámaras porque la mayoría se encontraban en propiedades privadas.

Hace ocho años en Reynosa, Tamaulipas, la policía halló varias camaras en las principales avenidas de la ciudad que eran operadas por el Cártel del Golfo.

Ocho años después, una docena cámaras del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) fueron desmontadas en el municipio de Celaya, Guanajuato. Las habían fijado en postes del tendido eléctrico y enviaban “la señal a través de internet a un operador del grupo que las colocó”.

Los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya revelaron que el crimen organizado había instalado cientos de cámaras en la frontera, del lado estadounidense, de Nuevo León y Tamaulipas. En solo dos años se localizaron y desmantelaron más de 250.

En febrero de este año, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos a tiros cuando desinstalaban cámaras ubicadas en Reynosa.