
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa de los miembros del Ejército y se lanzó en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) respecto al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“No es real. Porque yo hablaba con ellos y nunca me entregaron nada que probara sus dichos”, dijo con voz firme el mandatario luego de que los elementos del Ejército deberían ser investigados por cargos de obstrucción, desobediencia y por ocultar información en torno al hecho de desaparición de los normalistas que ocurrió el 26 de septiembre de 2014.
Al encabezar su conferencia matutina de este martes, el mandatario mexicano minimizó la responsabilidad de los miembros del Ejército y justificó al decir que es un “engaño” por parte del GIEI.
“Hay que decir la verdad. Si por cuestiones políticas o ideológicas, la consigna es fue el estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir que fue el estado, claro que fue porque en su momento pudo aclarar las cosas y no fabricar mentiras de eso no hay duda”, dijo esta mañana.
Y es que de acuerdo al último informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, las Fuerzas Armadas detuvieron la investigación del grupo de expertos independientes involucrados. Según el mandatario solo quieren administrar el “dolor ajeno”.
Gracias a las investigaciones que se han realizado y los informes que fueron elaborados por los investigadores independientes, se lograron avances importantes y se desarrolló la versión del suceso de que fue “construida con base a pruebas ilícitas como la tortura”, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Los hallazgos del GIEI han contribuido a reconocer y dignificar a las familias, a desvelar la confabulación criminal de autoridades, civiles y militares, y a sustentar la judicialización de más de 120 personas”, destacó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante un avance sobre el tema.
Fueron al menos ocho años en el que el GIEI se involucró en el caso de la desaparición de los estudiantes en Guerrero, y de acuerdo con las declaraciones de los miembros de este grupo se encontraron varias irregularidades mientras estudiaban el hecho.
Por ejemplo, según las investigaciones, se pidió el acceso a las 25 cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) localizado en Iguala; sin embargo, las autoridades decidieron colaborar solo con cuatro de ellas, pues supuestamente las demás no funcionaban. Otra pauta que se dio al respecto es que presuntamente se descubrió que algunos agentes participaron en actos de tortura, así como presunta complicidad por parte de algunas autoridades y dependencias.
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