En un esfuerzo por combatir el creciente problema de cargas de gasolina y huídas sin pagar en el Valle de Toluca, la Asociación de Distribuidores de Gasolinas y Lubricantes (Adigal) ha presentado una iniciativa al Congreso para tipificar esta acción como delito y con penas más fuertes. La propuesta busca castigar a los infractores con penas de cinco a 10 años de prisión.
Esta medida se suma a la ya existente reforma al artículo 87 del Código Penal, que consideraba el robo de combustible como un delito, aunque antes estaba clasificado como robo simple.
Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de Adigal, expresó en conferencia de prensa que la iniciativa tiene como objetivo poner fin a la práctica de cargar combustible y huir sin pagar.
Según sus palabras, esta nueva legislación permitirá presentar denuncias y establecer consecuencias legales para los responsables, a diferencia de situaciones anteriores en las que los delincuentes a menudo quedaban impunes.
El incremento constante de este delito ha preocupado a los empresarios del sector, quienes señalan que la situación se agravó durante la pandemia de Covid-19. La obligación de usar cubrebocas permitió que se registraran alrededor de 10 a 12 robos de este tipo por semana, sobre todo los días jueves a sábado, a menudo perpetrados por personas jóvenes.
Por no pagar 400 pesos, despachador perdió la vida
Un incidente trágico que subraya la gravedad de la situación ocurrió hace siete meses, cuando un despachador perdió la vida en un intento por evitar que un conductor huyera sin pagar una carga de 400 pesos en una estación de servicio en el municipio de Ocoyoacac.
La víctima, identificada como Martín Quijano, se colgó de la puerta del automóvil para detener al infractor, pero terminó siendo atropellado y prensado contra un tráiler.
La esposa de Martín, Ivonne Santos, ha luchado por justicia desde entonces. Según su testimonio, el presunto responsable no ha declarado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) debido a supuestos problemas de salud.
Aunque la FGJEM ha desempeñado su papel en la investigación, las aseguradoras involucradas, como GNP, han evitado pagar la indemnización correspondiente, alegando inconsistencias en el caso.
La propuesta legislativa de Adigal espera ser discutida por las comisiones pertinentes en el Congreso mexiquense. Los líderes de la asociación confían en que esta medida protegerá el bienestar de las unidades económicas afectadas por estos robos y ayudará a frenar esta problemática en aumento en la región del Valle de Toluca.
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