Presidencia reclamó a la SCJN por Plan B electoral: si lo invalida estaría sustituyendo al Congreso

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República advirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en caso de declarar la invalidez del primer paquete de leyes que conforman el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, los ministros y ministras estarían sustituyendo la labor del Congreso de la Unión.

En la víspera de que se discuta este primer paquete de reformas conformada por la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Consejería Jurídica de la Presidencia señaló que en el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán se privilegian los formalismos que llevaron a la aprobación de la norma en el Congreso, por encima de la “verdadera justicia de fondo”.

Es a unos días de que la Consejería Jurídica solicitó a la Corte privilegiar la discusión de una acción de inconstitucionalidad del año 2018, en la cual se impugna la expedición de la Ley General de Comunicación Social, la cual fue reformada como parte del Plan B electoral, que la oficina presidencial lanzó otro reclamo.

Esta petición fue rechazada por unanimidad en el Pleno del alto tribunal con lo que se ratificó para este lunes la discusión en torno a la validez de la norma.

La Consejería recordó que el ministro propuso anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes que fueron aprobadas por el Congreso en diciembre de 2022, argumentando que las formalidades del proceso legislativo no se cumplieron, un hecho que, de acuerdo con la oficina, “es falso”.

La Consejería también puntualizó que el proyecto del ministro Pérez Dayán contó con omisiones a la Constitución, y no tomó en cuenta razonamientos que fueron expuestos por las autoridades demandadas, pese a que es su obligación examinar los argumentos de todas las partes.

Precisó que entre los formalismos que la Suprema Corte omitió, se encuentra la dispensa del trámite, que es un recurso que faculta a los legisladores a discutir una reforma o iniciativa de ley sin que esté obligada a pasar por comisiones.

Otro reclamo fue que, de acuerdo con la Consejería Jurídica, el ministro ponente tampoco consideró que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020 del índice de la misma Corte, en su Primera Sala, con lo que su legislación sería el acatamiento de una sentencia de amparo emitida por el propio tribunal constitucional.

La Consejería Jurídica también reclamó que, como lo dice el proyecto, se transgredió el principio de deliberación democrática, pues el Congreso sí cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley, incluso aquellos marcados por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese sentido, consideró que la Corte no debe restringir las atribuciones que se le confirieron al Poder Legislativo sobre la forma en que dio trámite a la elaboración de normas, siempre y cuando estas fueron producto de una mayoría del Congreso.

Por ello, consideró que la Suprema Corte debe considerar discutir el fondo de la normativa por sobre la forma, es decir, hacer a un lado los formalismos expuestos por el ministro y que haga prevalecer la norma en sí.

“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con las responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que se hace referencia en el proyecto de sentencia”, indicó la Consejería Jurídica.

La segunda parte del Plan B electoral también ha sido ampliamente impugnado por diversos actores políticos, tanto a nivel federal como desde los estados, sin embargo, estas impugnaciones aún no fueron listadas para su discusión, cuyo proyecto está a cargo del ministro Javier Laynez Potisek.