La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este sábado una impugnación contra el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con Milenio TV, el ministro Javier Laynez Potisek, encargado de elaborar el proyecto de sentencia en este asunto, bateó dicho recurso promovido por el partido político “Hagamos”, que tiene sede en el estado de Jalisco.
Y es que argumentó que dicha organización no cuenta con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que no pueden impugnar este tipo de normas.
“Se arriba a la conclusión de que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la acción de inconstitucionalidad de que se trata. El promovente carece de legitimación activa para promover el presente medio de control constitucional”, se lee en la notificación.
Cabe mencionar que Ernesto Gutiérrez, presidente de la Coordinación Ejecutiva Estatal de “Hagamos”, presentó esta acción de inconstitucionalidad contra la segunda parte del “Plan B”; es decir, para las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Lo anterior representa la primera impugnación rechazada contra la reforma de AMLO por parte del Máximo Tribunal.
Frenó la reforma
El pasado 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda interpuesta por el INE en contra del “Plan B”, con lo que quedaron suspendidos por tiempo indefinido todos sus efectos.
“La SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, precisó el comunicado de la Corte.
También, el Ministro Instructor argumentó que concedió la suspensión de todos los artículos impugnados para que la situación “se mantenga en el estado en la que hoy se encuentra”.
El 8 de mayo se votará la primera parte del Plan B
La SCJN confirmó que el lunes 8 de mayo resolverá las impugnaciones a la primera parte del Plan B, pese a la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para que el tema se aplazara y se resolvieran primero las acciones de inconstitucionalidad pendientes sobre la Ley General de Comunicación Social (LGCS) de 2018, relacionadas con la misma norma.
El pasado 4 de mayo, el pleno de ministros señaló que el tema de los proyectos que se resolverán el lunes se planteó como netamente electoral, y por tanto la SCJN tiene la obligación, en su ley reglamentaria, de resolverlos en un plazo fijo, antes de que inicie el periodo electoral.
En la víspera, la CJEF emitió un comunicado donde informó que había solicitado a la SCJN que, con base en el orden de prelación y por seguridad jurídica, se votaran primero las impugnaciones pendientes a la LGCS de 2018, y luego las de las reformas a esta norma expedidas en diciembre del año pasado, que tienen contenido electoral.
Se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018, todas ellas asignadas originalmente al ministro Fernando Franco González Salas quien, al cumplir su periodo constitucional en el cargo el año pasado, “heredó” estos asuntos a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien presentó los proyectos de resolución desde enero de 2020; sin embargo, luego ella misma los retiró al considerar que debido a las últimas reformas a la LGCS había un nuevo actos legislativo y se debía elaborar un nuevo proyecto por sobreseer.
Así pues, continúan listadas para resolverse el lunes 8 de mayo los proyectos del ministro Pérez Dayán sobre las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, contra las reformas a la LGCS y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 27 de diciembre del año pasado.
Los proyectos publicados proponen invalidar ambas reformas, por considerar que para su votación el Congreso de la Unión incurrió en varias violaciones al proceso legislativo.
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